El día de ayer, lunes 10 de octubre, se reconoció, por parte de organizaciones sociales, activistas y personalidades políticas, como un día histórico para la lucha y participación en términos ambientales en el país a raíz de la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo es un tratado regional que busca fortalecer los procesos de participación de las comunidades en decisiones ambientales, garantizar el derecho a la información y optar por la justicia ambiental en el todo el territorio nacional.
Colombia firmó el Acuerdo en 2019, pero para que entrara en vigencia era necesario que el Congreso lo ratificara, tal como sucedió ayer en plenaria de la Cámara de Representantes con 119 votos a favor (proyecto de ley N°109/2022).
La ratificación trae consigo algunos impactos para el país que son importante tenerlos en cuenta:
- Trasparencia. Se facultaría a los ciudadanos para acceder a la información ambiental de grandes proyectos extractivos.
- Justicia. Se implementarían órganos judiciales especializados en materia ambiental.
- Responsabilidad civil por actividades contaminantes. Se facilitaría la prueba de daños ambientales y, así mismo, se abriría la posibilidad de condenar por daños punitivos y de exigir a los demandados la garantía de no repetición del daño.
- Gobernanza del ambiente. Facultaría al tribunal internacional de justicia o tribunales de arbitraje para interpretar el tratado en caso de desacuerdos entre Estados.
- Tratados internacionales relacionados con el ambiente. Obligaría a tener en cuenta las visiones interculturales y permitir la participación de la sociedad civil en su negociación.
- Derechos humanos. El medio ambiente sería erigido como derecho fundamental sin necesidad de acudir a criterios de conexidad con otros derechos fundamentales.
- Relacionamiento con comunidades. Sería una oportunidad para regular de forma más clara la interacción entre comunidades.
La profesora de la Universidad del Rosario, Lina Muñoz Ávila, menciona algunas ventajas y oportunidades para el país: Primero, poder participar de la conferencia de las partes como un Estado ratificador y así poder obtener los beneficios económicos, financieros y de cooperación que el acuerdo trae para sus partes. Segundo, poder realizar una revisión del marco normativo e institucional existente para determinar los aspectos que se deben mejorar para poder implementar de manera efectiva la información, participación y justicia, por último, se podrá participar de las plataformas de apoyo para activistas y defensores de la naturaleza para que se respeten sus derechos fundamentales.