En la sesión ordinaria de la tarde noche de ayer, la asamblea departamental del Tolima aprobó una proposición, por medio de la cual, rechaza la posibilidad de que la corporación autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA) otorgue la concesión de la quebrada Santagueda a la sociedad minera La Fortuna.
Los nueve diputados que firmaron la proposición le solicitan a CORTOLIMA, atender los llamados de la comunidad que está en contra de estos procesos extractivos, y de esta manera negar la posibilidad de entregar la quebrada la Santagueda para actividades de minería contaminante.
El documento reza:
PROPOSICIÓN
Teniendo en cuenta que diferentes organizaciones sociales y ambientales del Tolima y de Colombia han manifestado su rechazo sobre la posibilidad de que Cortolima entregue concesión de aguas a la sociedad MINERA LA FORTURNA, provenientes de la Quebrada Santagueda del Municipio de Falan, como diputados del departamento del Tolima nos permitimos manifestar lo siguiente:
1. Rechazamos la entrega de agua a proyectos de extracción minera dados los respectivos casos de contaminación que estas actividades generan.
2. La concesión de aguas prevista puede generar procesos de reducción del caudal, contaminación y otras afectaciones que pueden impactar negativamente a otros municipios, entre ellos Palocabildo (veredas Pirsa, santa filomena, campoalegre, Zocorro, Tabera y Cavandia) y Armero Guayabal, dada la posible afectación al caudal del río Sabandija. Lo anterior puede afectar la seguridad y soberanía alimentaria del Norte del Tolima, en conjunto con otros problemas como son la pérdida de biodiversidad, conflictos por disponibilidad hidrica y pérdida de la cultura campesina.
3. La contaminación de estas fuentes hidricas, puede generar afectaciones a la salud.
4. La posible concesión de aguas va en contravia de la ordenanza que declara la Emergencia Climática para el departamento del Tolima. Los impactos y riesgos ambientales previstos por los efectos del cambio y variabilidad climática en el departamento del Tolima, particularmente en los municipios del norte del departamento, imponen la necesidad de un manejo responsable de las fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, de manera que no se agrave la crisis climática golpeando los intereses de los actuales usuarios de concesiones hídricas fundamentales para el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agropecuaria, mantenimiento de los ecosistemas, entre otros usos.
5. Es inaceptable que en el segundo país con mayor biodiversidad del Planeta se sigan adelantando proyectos que pueden generar problemas como pérdida de biodiversidad e incrementar la crisis climática.
6. La protección de los territorios y el patrimonio ecológico y cultural es una obligación de carácter constitucional que Cortolima debe priorizar.
7. La Corte constitucional ha demostrado mediante distintas sentencias (339 de 2002, 035 de 2016, 389 de 2016, 154 de 2013), el grave daño ambiental y social que provoca la minería a cielo abierto y subterránea.
8. En el EOT de Falan no se ha destinado ni una sola hectárea del municipio para actividades mineras, por el contrario, se delimitan áreas de importancia ecológica (40,5%) y áreas de importancia para la producción agrícola (47,9%). El desarrollo de las actividades mineras sobre este territorio puede afectar negativamente el 88,4% del territorio con la conservación y la vocación agrícola.
9. Los títulos que hay en la Vereda la Cavandia están superpuestos sobre zonas con amenaza alta por movimientos en masa.
10. Es inaceptable que desde el gobierno nacional se siga concesionado el subsuelo del país sobre áreas de vocación agroalimentarias que tienen prioridad según lo establece el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia.
Teniendo en cuenta los anteriores puntos nos permitimos solicitar a Cortolima atender las solicitudes de las comunidades que rechazan la implementación de estos proyectos extractivos y por ende negar la concesión de aguas solicitada para actividades mineras. En las actuales condiciones ambientales se requiere la realización de estudios detallados para soportar cualquier decisión respecto al uso actual y futuro del agua en el Departamento, de manera que se protejan las fuentes hídricas como sujetos de derechos, así como de las presentes y futuras generaciones de humanos y no humanos.
