Por: Jairo Mora Delgado, PhD
Profesor Titular.
Universidad del Tolima
Investigador Senior- Minciencias
He leído atentamente la cadena de correos electrónicos que siguieron al comunicado de la Asamblea del 11 de junio, y he quedado perplejo por las lógicas que hoy se mueven en la dinámica universitaria, tristemente algunas más acordes con “Alcaldía de Pueblo”, que con una casa de altos estudios.
Para muchos es conocida mi inclinación a la defensa de los procesos democráticos en la Universidad pública. De hecho, estuve participando en la preparación y conducción de los eventos programados en el mes de mayo, como las jornadas pedagógicas en el marco del paro nacional; así, participé en los foros sobre reforma laboral, reforma tributaria, clientelización de la universidad del Tolima, el rol de los estamentos universitarios en la lucha social, y el último -muy significativo- sobre los procesos democráticos en la Universidad pública. Lastimosamente, por compromisos adquiridos en el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de Rudecolombia, no asistí a la asamblea del 11 de junio.
Sobre los debates derivados de la misma, tengo que decir que soy un convencido de que las posiciones se defienden en las asambleas, y es ahí donde se argumenta, se controvierte o se votan las diferentes posturas, y se comunica las decisiones surgidas; es decir, la controversia se hace en el momento y en el sitio indicado, no antes ni después. Al respecto, me he enterado por quienes estuvieron en la mencionada asamblea, que más de 160 profesores – en dos salas- asistieron y defendieron las diferentes posiciones en franca lid, sea para apoyar o controvertir una serie de puntos libremente emergidos de la discusión del gremio.
Visto así, estos párrafos constituyen una invitación a un análisis profundo del significado de las peticiones de dicha asamblea.
Comenzaré por resaltar el título de este manuscrito: algo pasa en la Universidad del Tolima, y todo indica que lo que pasa es grave para exacerbar los ánimos de profesores (y de estudiantes) que terminan pidiendo la renuncia de rector. Las demandas de los profesores y estudiantes no son gratuitas, ni conspiraciones provocadas por castro-chavistas, como se estila decir en las lógicas del establecimiento colombiano para descalificar las expresiones de la base. Cuán importante sería que la lectura no fuera tan básica y que la administración de la universidad se detuviere a escuchar las demandas de los estamentos universitarios. Yo me inclino a interpretar las demandas de la asamblea como la expresión simbólica del cúmulo de descontentos, de frustraciones, de indignación. Algo parecido a lo que sucede en la sociedad colombiana desde el 28 de abril, es decir, es la explosión del conflicto subyacente por decenas de años de un modelo excluyente que se expresa en descontento social; es la indignación por los derechos vulnerados, por la falta de democracia, por las necesidades básicas desatendidas, por la indignación que causa la negación de las capacidades que tenemos los cuidadnos al ejercicio de la democracia y que se atropella con mecanismos y aparatos coercitivos. Esas mismas reacciones, por otras indignaciones, se reproduce en nuestro microcosmos, en nuestro ethos universitario, veamos:
Hace cinco años tuvimos la oportunidad de darle un vuelco a la Universidad; en el buen sentido de la palabra, era el momento de una restructuración académica administrativa que removiera las viejas prácticas clientelistas y la organización de decimonónica con la cual creció nuestra alma mater. Así, una Asamblea Universitaria, se instaló con el soporte del acuerdo 039 de 2016 del Consejo Académico para que alrededor de 142 delegados de estudiantes, profesores, egresados y administrativos, ejercieran el derecho a la democracia para construir una nueva Universidad; tristemente, este primer envión murió por sustracción de materia. Acto seguido, el Consejo Superior designa una comisión de alto nivel, integrada por representantes de este Consejo, del Consejo Académico y de los profesores; la tarea de la Comisión era hacer la reforma del Estatuto General; la misma luego fue ampliada para incluir a dos representantes de cada departamento de la universidad. Durante dos años esta Comisión sesionó juiciosamente para proponer un nuevo Estatuto General que recogía las visiones y aspiraciones del profesorado. Nuevamente, este segundo envión terminó en otra frustración para las bases profesorales, al ver que al paso por el Consejo Académico y su llegada al Consejo Superar, la esencia del Estatuto General construido se iba diluyendo y desmembrando el texto, para finalmente ser aprobado un Estatuto que dista mucho de las aspiraciones propuestas por la comisión de profesores. Lo propio sucedió con la propuesta de construcción colectiva del Estatuto Profesoral, pues bajo el argumento de que estos ejercicios participativos no eran vinculantes, las mayorías del Consejo Superior terminaron sancionando dichos Estatutos, cuando lo quisieron y como lo quisieron.
Valga decirlo, el Estatuto Profesoral termina siendo un documento que refleja el acomodo a normas que desconocen la autonomía universitaria, a pesar de que este principio universitario está contemplado en la misma ley 30 de 1992. Pero, lo que más indigna al profesorado es que el comunicado del del Consejo superior del 21 de abril de 2021 cínicamente se refiere a su Estatuto Profesoral como un producto del aporte de los docentes, cuando en realidad muchos de los que participamos no encontramos la esencia de los documentos que construimos en la versión final de ninguno de los estatutos aprobados. Para muestra, el régimen disciplinario que era un capítulo del Estatuto Profesoral, desaparece en la versión definitiva, con el argumento de que este debe ser reglamentado en otro acuerdo, pero lo que se avizora es la pérdida del derecho conquistado por el gremio de tener un régimen especial disciplinario.
Por otra parte, en la discusión del Estatuto General, pusimos especial cuidado al capitulo del gobierno universitario, con la idea de que haya un equilibrio entre el poder central y las facultades. Tristemente, el resultado de todo el proceso es una reglamentación para la designación de rector y decanos que concentra el poder en la administración central, y que a la larga los espacios de elección de decanos pasaron a la historia y se termina con un mecanismo que legitima el poder omnímodo del rector para elegir al consejo académico.
Estas son solo algunas de las frustraciones que acumulan el descontento en la base profesoral. Para terminar, y que ha sido motivo de indignación, es la estrategia utilizada para contrarrestar las decisiones de la asamblea de profesores del 11 de junio. La verdad, nunca se había visto… bueno, si lo he visto en las dinámicas clientelistas de los poderes locales más alejados, donde los caciques llaman a sus clientelas, generalmente vulnerables, para obtener el voto o el apoyo en consultas amañadas. He escuchado a colegas que han sido “invitados” para apoyar un comunicado preparado por los corifeos del establecimiento, cosa que me parece un irrespeto a la condición de ser pensante que es el profesor de planta y el catedrático. Más duele por los profesores de hora cátedra, por su condición de vulnerabilidad, a quienes ni siguiera la universidad las garantiza la estabilidad laboral, al menos por un año.
No sé porque estas campañas de defensa del establecimiento universitario, me recuerdan prácticas que vi en Cali, cuando después del éxito de las masivas movilizaciones del Paro Nacional y de la presencia de la minga indígena, la “gente de bien” sale con camisetas blancas en defensa del establecimiento. La semejanza, claro está no es la “gente de bien”, por favor no me mal interpreten, el común denominador es la sordera sistemática a los reclamos de un pueblo que está indignado por las inequidades y falta de oportunidades; y en nuestra universidad, el negarse a oír los sueños de los estamentos básicos de estudiantes y profesores, de negarse a tener un gobierno universitario mas democrático, a tener la oportunidad de decidir por las normas y estatutos que nos rigen.
Finalmente, considero que hay muchas razones para continuar las asambleas universitarias, así como las hay para continuar las luchas sociales. La defensa de los procesos democráticos en la universidad; la ampliación de la planta de profesores; la dignificación del trabajo de los catedráticos, con al menos una vinculación de un año; el respeto a las aspiraciones y demandas de los estudiantes; la perpetuación de la gratuidad en la educación superior, son solo algunas de las banderas que deberán justificar la movilización universitaria.
