¿Qué es lo que está pasando en Colombia?

El estallido social que vive Colombia es resultado de la corrupción e ineptitud de la clase gobernante en las últimas décadas.

Con la Constitución política de 1991, se creó el Estado social de derecho bajo una estructura democrática, participativa y pluralista, basado en el respeto de la autonomía territorial en coordinación con la nación. Dichos principios han sido violados producto del narcotráfico, el conflicto armado y una clase política gobernante que ha respondido a la medida de sus intereses particulares.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez significó la radicalización del modelo neoliberal que privatizó el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía como la salud, el trabajo digno, vivienda, pensión e incluso se puso en riesgo el derecho fundamental a la vida de líderes, lideresas y de muchos ecosistemas esenciales para la vida producto del modelo extractivista minero-petrolero.

Si bien el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC E.P. en el año 2016 buscó cambiar para bien la realidad política del país al transitar de la confrontación armada a la confrontación política, la confrontación de ideas en democracia; con la llegada de Iván Duque a la presidencia volvimos a retroceder, negándose la solución política al conflicto armado.

Es así como bajo este pretexto se han negado las profundas discusiones que la sociedad colombiana hoy reclama: construir la paz, más educación, trabajo digno, vivienda, oportunidades para la juventud que hoy vive, en medio de la pandemia, mayores dificultades para edificar un presente y futuro digno, mientras la banca financiera y los grandes emporios económicos se siguen enriqueciendo. Vale la pena recordar que Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica después de Haití.

Sobre los recientes hechos, en el mes de abril del presente año, el presidente de Colombia Iván Duque y su ministro de hacienda del momento, Alberto Carrasquilla, presentaron al Congreso de la Republica lo que sería la tercera reforma tributaria en menos de tres años, la mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible.

Dicha política fiscal proponía aumentar la carga tributaria sobre los sectores más desfavorecidos, la clase media y trabajadora, mientras a los grandes conglomerados económicos constituidos por terratenientes, los bancos y las multinacionales petroleras y mineras, se les dejaría intactas las exenciones y privilegios tributarios, situación que agravó la indignación del pueblo colombiano.

La reforma tributaria no daría solución a los altos índices de desempleo que están un 14,2% a nivel nacional y agudizaría los niveles de pobreza monetaria, que, según el DANE, ya están en un 42%, es decir, más de 21 millones de colombianos viven con menos de 360 mil COP ($96 USD) mensuales.

Así pues, desde el 28 de abril, las calles de las principales ciudades del país, iniciaron jornadas de protesta social, enfocadas principalmente en el rechazo rotundo a las cuatro reformas que se estaban socializando en el legislativo (tributaria, salud, pensional y laboral).

Si bien la movilización ciudadana logró detener la reforma tributaria y a la salud, los hechos de brutalidad policial, la ineptitud e indolencia del presidente han agravado la situación.

El tratamiento de guerra que le ha dado el presidente Duque a la protesta social deja hasta el 11 de junio 3.086 casos[1] de violencia policial, 78 casos de violencia homicida, 79 víctimas de agresión en sus ojos, 105 casos de disparos por armas de fuego, 42 casos de violencia sexual y mas de 1.434 denuncias por abuso de poder en contra de los manifestantes. Estos hechos de vulneración a los derechos humanos han sido condenados por la comunidad internacional, por diferentes Gobiernos, por organizaciones defensores de derechos humanos y por la misma ONU.  Por lo anterior, es evidente la grave situación de violencia y la falta de garantías por parte del gobierno Uribista para ejercer nuestro derecho fundamental a la protesta.

A pesar de que se han obtenido victorias importantes como: la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, el retiro de la reforma tributaria por parte del presidente Duque, y el archivo a la Ley 010 (Reforma a la Salud) no son suficientes.

El pliego de peticiones que se ha construido por parte de organizaciones promotoras del paro, esperan compromisos y medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo. Es urgente resolver el mínimo vital en medio de la Pandemia del Covid-19, la renta básica es la medida ideal. Pero también, garantizar la reactivación social en medio de condiciones de igualdad.

Sin embargo, uno de los problemas de fondo es garantizar el pleno cumplimiento de la Constitución Política, sobre todo, garantizando la participación política de la ciudadanía que cada día se empodera más de la agenda pública de los Gobierno. Esa participación debe ser activa y eficaz, donde los gobernantes acaten el sentir ciudadano para que no se llegue al último recurso (legítimo) de las acciones de hecho como son los Paros.

El mejor ejemplo de un buen Gobierno sería es el cumplimiento de las 10 consultas populares sobre minería, hidroeléctricas e hidrocarburos. Todas le dicen no a un modelo contaminante, todas le dicen si a la transición energética como solución a la crisis social, política y climática para el bienestar de presentes y futuras generaciones.

[1] Defender la libertad asuntos de todos. Boletín #18 (junio 12, 2021). Disponible en:  defenderlalibertad.com/boletin-informativo-18-paronacional/