Por: Sancho Sánchez
En su cuenta de twitter el ex ministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, manifestó su rechazo al proyecto que licenció de manera irregular Cortolima sobre el municipio de Ataco y resaltó a través del comunicado de prensa que la procuraduría General de la Nación, respaldó los argumentos presentados por los accionantes de una acción de tutela que le solicita al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, “tutelar los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua y al debido proceso”.
No a mina de oro en Ataco: más de 1.300 personas solicitaron la intervención del presidente Duque, pues la mina afectará el río Saldaña, el 49% de toda el agua del Tolima, y el distrito de riego de Usasaldaña. Una tutela en contra de la mina fue respaldada por la Procuraduría pic.twitter.com/tTEhMGK3xt
— Manuel Rodríguez Becerra. (@manuel_rodb) July 20, 2020
En el concepto emitido por la procuraduría general reconoce que “CORTOLIMA emitió el multicitado acto administrativo en contravía del interés público y de lo previsto en la Constitución Política, las Leyes y los reglamentos ambientales”
La tutela, producto del trabajo en equipo de ingenieros, abogados, comunicadores, politólogos, líderes sociales y sectores económicos de la región, fue liderada por personajes como Carlos Gustavo Cano Ex ministro de agricultura, Eduardo Aldana Valdés, el periodista Guillermo Hinestrosa y respaldada por destacados tolimenses como Eduardo Aldana, Carmen Inés Cruz, Leónidas López, Jesús Ramón Rivera, Carlos Orlando Pardo, Darío Ortiz, Alfonso Reyes Alvarado entre otros ciudadanos de la región del Sur del Tolima.
La acción de tutela fue radicada el pasado 13 de julio en contra de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA y la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S, con el objeto de invocar la protección de los derechos fundamentales al medio ambiente y al agua, y suspender las actividades de explotación que se desarrollan en la mina Apone.
Según los accionantes dichos derechos fueron vulnerados al otorgarse la licencia ambiental bajo resolución 4416 de 2019 para la explotación a cielo abierto de un título minero ubicado en las veredas Ambulú y Balsillas de los municipios de Ataco y Chaparral, desconociendo anomalías y falencias en la elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
Dentro de los argumentos técnicos utilizados se resalta: (I) La ausencia de estudios técnicos sobre el impacto de la mina de explotación a cielo abierto, en el agua, el aire y el suelo. (II) No hay certeza de si el proyecto minero se encuentra dentro de la ronda hídrica del río Saldaña. (III) Se desconocen los efectos y riesgos a los que podría verse abocado el río, así como las posibles soluciones y medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación, ni los efectos de un posible desbordamiento como consecuencia del aumento del caudal del río Saldaña.
doc tutela
