Por: Fernando Garcia
El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, sin lugar a dudas, es quien maneja de forma directa los recursos económicos y el talento humano de la administración. La persona que funge como alcaldesa no es más que una especialista en TikTok, encargada de promocionar en redes sociales eventos y acciones banales de la Alcaldía Municipal que en nada solucionan los problemas reales de la comunidad.
Hurtado, desde su arribismo, ambiciona profundamente ocupar el lugar de Óscar Barreto. En ese afán, ha convertido el erario público del municipio en una caja menor que financia, sin escrúpulo alguno, sus intereses personales: familiares, abogados, pautas publicitarias, publirreportajes en medios de comunicación, comités de aplauso, defensores de su gestión, y la contratación de políticos departamentales cuestionados —especialmente exalcaldes que puedan endosarle votos—, muchos de ellos con investigaciones en curso y antecedentes repudiables en sus hojas de vida. Ha transfigurado la administración municipal en un fortín burocrático al servicio de su campaña y la de su hermana.
El “ingeniero” construye una estructura política con los escombros de administraciones y candidaturas fallidas en todo el departamento, cimentada en el nepotismo y el clientelismo, sostenida por todas y todos quienes habitamos la capital, reflejada en sueldos millonarios. Solo por mencionar algunos casos: Jorge Cabrera, exalcalde de Venadillo, hoy gerente de la USI; Jorge Iván Vásquez, de San Antonio, en el SETP; Cristian Barragán, de Purificación, con cuotas en varias dependencias de la administración; Edilberto Pava, gerente de Infibagué; Aquileo Medina, del Espinal, con burocracia a diestra y siniestra; incluso Eduardo Restrepo, hijo del exnarcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias «El Socio». Y muchos más.
Los ibaguereños, por el contrario, solo recibimos promesas incumplidas, construidas en la mente narcisista de Hurtado: el puente elevado de la 60, las piscinas olímpicas, el estadio Centenario, el cable aéreo del sur, el SETP —por cierto, un «sentadero de burocracia» donde nadie sabe qué se hace— y demás “grandes obras” de su administración.
Lo único tangible en Ibagué, producto de la ambición del alcalde, son las consecuencias económicas de sus errores administrativos: los $168 millones que recibirá el abogado Francisco Javier López Chaves —$21 millones mensuales— para su defensa en demandas por los horrores contractuales del fiasco del puente de la 60; más de $2.900 millones perdidos en anticipos entregados irregularmente al contratista Olaguer Agudelo Prieto. Y aún estamos a la espera —y rezando— para que las demandas por casi $70.000 millones por esta misma obra no prosperen, pues ello dejaría a la ciudad al borde de la quiebra. Mientras tanto, a él le resulta perfecto gobernar en cuerpo ajeno, pues su ineficiencia y el hecho de estar habilitado y en pie frente a Óscar Barreto, lo pagamos todos.
Teniendo en cuenta que las elecciones para la Gobernación serán en dos años, se vislumbra un creciente desangre económico para la ciudad, profundizado por el gasto excesivo ya ejecutado en publicidad a medios de comunicación y periodistas mercenarios que venden su opinión personal y publirreportajes como si fueran noticias. Solo por mencionar algunos: el contrato por $250 millones entregado a Duverney Salazar Correa, propietario del medio El Irreverente —$25 millones mensuales para hablar bien de Hurtado, su administración y repostear los TikToks de Jhoana Aranda—; $600 millones contratados con la emisora Ecos del Combeima, a razón de $60 millones mensuales. No en vano, esta emisora tiene al alcalde Hurtado como invitado recurrente, casi una vez por semana. También está Edward Amaya, de Ondas de Ibagué, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno, dejando la ciudad sumida en un caos de orden público y seguridad, con un salario superior a los $15 millones mensuales. Y Héctor Sánchez Troncoso, «Tapeto», también de Ondas de Ibagué, íntimo amigo del alcalde, de quien ni siquiera vale la pena hablar.
Mientras tanto, las investigaciones por Enriquecimiento Ilícito, Celebración Indebida de Contratos, Desacato, Omisiones Presupuestales y Peculado por Uso, entre otras, contra el alcalde Hurtado, duermen archivadas en los anaqueles de los órganos de control. Lo único cierto es que hoy, más que nunca, la ciudad se encuentra en un caos social, de seguridad, económico, de movilidad y de servicios públicos. No se necesita ser experto para evidenciarlo: trancones descomunales, aumento desmedido de la accidentalidad, muertes violentas casi a diario, delincuencia desbordada, desempleo creciente, racionamientos de agua cada vez más frecuentes y prolongados. La ciudad está abandonada en lo sociocultural y en formación ciudadana; las oportunidades de movilidad social son apenas un anhelo distante. Mientras tanto, la campaña del alcalde se sostiene con discursos diseñados para quienes padecen de amnesia. Y quien finge ser alcaldesa, hace carrera como influencer y convierte la administración en un show.
En medio de este desfalco diario, se celebran con bombos y platillos la incompetencia y los pocos gestos administrativos, como “pavimentar calles y tapar huecos”, olvidando que la función de un gobierno es solucionar los conflictos que aquejan a la ciudad. Por ello se les paga; en el caso de Aranda, alrededor de $20 millones mensuales, dinero que sale del bolsillo de todos. Esto debería encender las alarmas de quienes ven con preocupación el panorama político-administrativo de Ibagué.
El enfrentamiento entre Hurtado y Barreto lo estamos pagando todos, con creces y altos intereses. Por ahora, solo la familia Hurtado parece beneficiarse, ya que su hermana, Carolina Hurtado —exfuncionaria de la Alcaldía y hoy candidata a la Cámara de Representantes— goza de los beneficios clientelistas y acuerdos burocráticos acumulados por su hermano, además de publicidad diaria financiada desde la misma Alcaldía.
Como sociedad, debemos tener claro que no podemos ser cómplices de la ambición y avaricia desmedida de estos personajes, que progresan y persiguen sus objetivos personales y políticos a costa de la miseria de la ciudad y del bolsillo de sus habitantes, ya que son incapaces de utilizar su propio patrimonio para lograrlo.
