Por: Yaneth Vargas, psicóloga-especialista en pedagogía
Esta semana en la ciudad de Ibagué se conoció un caso de maltrato animal en el sector del Salado donde un perro fue descuartizado por su propietaria, de quien comenta la comunidad y familiares padece de trastornos mentales, la cual ya había presentado situaciones de maltrato animal con anterioridad y dificultades con su adquisición de medicamentos psiquiátricos. Siendo este un hecho lamentable y repudiable para la sociedad, dado el nivel de sevicia con la que actuó esta persona, vuelve a poner en la lupa la urgencia y necesidad de garantizar la atención integral en salud mental.
Los animales son las víctimas ocultas de la violencia doméstica, siendo un indicador de riesgo social, dado que la violencia en sus diversas formas, de género, doméstica, personas y seres sintientes dependientes, en todos los sectores públicos y privados, adquieren una importancia significativa y la prevención como objetivo en Salud pública, dado que la salud mental es un derecho fundamental y un tema prioritario en política pública.
Según el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) sobre la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia del 2020, el deterioro de la salud mental en la población colombiana, está asociada principalmente por la baja coordinación intersectorial en temas de salud mental, las barreras en los diferentes entornos donde nos relacionamos y las bajas competencias socioemocionales, además, las limitaciones en la atención integral e inclusión social de personas con problemas o trastornos mentales.
El llamado es a la voluntad política y financiación en temas de salud mental, que la política pública Ley 1616 del 2013 tenga una efectividad en su aplicación por parte de las entidades de salud y entes territoriales, con una red de oferta en la atención integral a la salud mental con la intersectorialidad que se requiere y la apuesta al trabajo del sector público y privado. Además, es un llamado a que los profesionales de la salud mental tengan condiciones dignas de empleabilidad, disminuir la precarización laboral. Desde las universidades, que los profesionales del área psicosocial egresen con una perspectiva amplia.
La salud mental es un asunto de todos y todas, por lo tanto, es una invitación a la ciudadanía para exigir la atención física y mental de manera integral y oportuna, haciendo un control político e institucional. Hablar de salud mental en nuestra cotidianidad con la familia, amigos, vecinos, entre otros, permite sentir y evidenciar la importancia de tener espacios donde se haga promoción y prevención de este tema. Romper con el estigma y frases como “el psicólogo es de locos”, frases que hacen daño y agudizan aún más la grave situación de salud mental en el país.
Por otro lado, este hecho de violencia y maltrato como muchos otros que se escuchan día a día, nos llama a la reflexión sobre cómo el conflicto armado en Colombia permeo nuestra salud mental, ya que estos hechos deben ser vistos como consecuencias de la violencia vivida. Al respecto, la caracterización psicosocial realizada en el 2019 sobre los motivos de consulta de la población asistente a 28 Centros de Atención Psicológica Universitarios en Colombia, demostró que el conflicto armado afecto de manera directa e indirecta a todas generaciones que crecieron y vivieron el conflicto tanto en la zona rural como urbana. El legado en la población colombiana, fue la desensibilización emocional hacia el dolor de los otros, una desesperanza ante la impotencia de pensar que no se puede cambiar nada, traumas, dueles no resueltos, estrés postraumático, bajo nivel de frustración, baja tolerancia hacia los demás y las diferencias, entre otros. La salud mental es un indicador de bienestar social, en la medida que la justicia social sea revindicada en el país, la salud mental será la herramienta para la paz en Colombia.