Ha sido de público conocimiento que el proyecto del Condominio Hacienda La Estancia, en el municipio de Melgar – Tolima, ha estado envuelto en un proceso complejo por el tema de concesión de aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
Frente a las particularidades o elementos problemáticos que manifiesta la comunidad, que además se convierte en una situación preocupante, es la incapacidad de conocer con certeza si los análisis físico químicos y microbiológicos para determinar si el agua es apta o no para el consumo humano al día de hoy no cuentan con certificación, toda vez que ni Cortolima ni la administración de la copropiedad pueden responder por este asunto.
Por otra parte, el proyecto presenta sanciones de tipo económico, inicialmente, por el orden de los $332’247.176,3, la cual debía ser pagada con prontitud por parte de la propiedad. Cifra a la cual la Hacienda la Estancia procedió a interpelar un recurso de reposición contra la sanción y solicitaron la reliquidación de la multa, teniendo como argumento central la incapacidad de pagar la cifra de la sanción económica inicial.
Con relación a la sanción económica que recibió el proyecto, es preciso mencionar que en el año 2017 se formuló el pliego de cargos en contra de Hacienda La Estancia, los cuales fueron las causales de dicha multa. A continuación se describen los cargos interpuestos hacia la propiedad: el primero está relacionado con la generación de vertimientos de aguas residuales, provenientes de la PTARD en su etapa I y II, la cual no contaba con el permiso vigente para dicha finalidad. El segundo cargo manifiesta la captación ilegal de aguas subterráneas de uso doméstico para beneficio del condominio, esto sin contar con el permiso por parte de la Autoridad Ambiental. El último cargo habla de la omisión del cumplimiento de los parámetros de los vertimientos con relación al porcentaje de remoción de agua contaminante que por obligación debían presentar.
Finalmente, se establece que al día de hoy el proceso presenta, aparentemente, diversas irregularidades, las cuales han dilatado los trámites sancionatorios efectivos y las debidas acciones por parte de la propiedad para solventar las afectaciones ambientales que han generado a lo largo de los años.