Por : Organización IMAGINA: Investigación para las Mujeres, Niñas, Adolescentes y Asuntos de Género.
“Las mujeres de todas las clases deben seguir luchando por el aborto legal, seguro y asequible” bell hooks
El día de ayer (28 de septiembre) nos tomamos el parque Manuel Murillo Toro en un acto de Incidencia social y política. Por medio de arengas, performances, discursos y material pedagógico realizamos sensibilización sobre el derecho y acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, desde el movimiento Causa Justa estamos generando conciencia social frente al tema y en esa medida buscamos transformar los imaginarios patriarcales de las personas que asistieron al plantón sobre el aborto, para que este sea reconocido como un derecho reproductivo y como un asunto de justicia social en la vida las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y personas gestantes.
El movimiento feminista de Ibagué se reunió para exigirle al Estado colombiano la despenalización total del aborto y de igual manera se hizo un llamado a la Corte Constitucional para que elimine del Articulo 122 del Código Penal el delito del aborto, respuesta que esperamos para el próximo 19 de noviembre. Esta acción de incidencia contó con la colaboración conjunta de IMAGINA, Casa Dulima, Batucada Feminista, Sorecer.
Es importan resaltar que, al estar el aborto tipificado como un delito penal, se convierte en la principal barrera para que las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y las personas gestantes acceden a la IVE negando así su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Bajo esta perspectiva, defender nuestro derecho a decidir de manera libre, informada y autónoma sobre nuestros cuerpos y basadas en nuestra conciencia moral ¡ES UNA CAUSA JUSTA! Defender nuestros derechos fundamentales ¡ES UNA CAUSA JUSTA! Llevar adelante embarazos y maternidades deseadas ¡ES UNA CAUSA JUSTA! Eliminar el delito de aborto del código penal colombiano ¡ES UNA CAUSA JUSTA! Pues se judicializa con efectividad a la mujer, niña y adolescente que aborta, pero no a quien niega o limita el acceso a métodos anticonceptivos, no a quien niega o limita la educación sexual, no a quien abusa sexualmente.
Reconocer el derecho al aborto es reconocer la ciudadanía plena de las mujeres y nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar y decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestras vidas.
En un país como Colombia, a pesar de la decisión que tomó la Corte hace 15 años de despenalizar el aborto en tres causales (1 Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; 2 Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina; 3 En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida), son las mujeres más pobres, las menores de edad, las que viven en zonas rurales o afectadas por el conflicto armado; las mujeres con capacidades diferentes, las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, las que más siguen arriesgando su vida, su salud física y mental al practicarse aborto inseguro y en lugares clandestinos, ya que no cuentan con los recursos económicos, sociales, culturales e institucionales para acceder al derecho a la IVE de manera segura, mucho menos de forma gratuita y oportuna por su condición de clase, etnia y nacionalidad, lo cual se convierte en impedimentos al momento de acceder al aborto como un derecho. Es importante señalar que entre “el período 2010-2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto eran habitantes de áreas rurales, el 3% pertenecen a la zona urbana”.
Desde la Organización IMAGINA: Investigación para las Mujeres, Niñas, Adolescentes y Asuntos de Género, consideramos que cuando el aborto es legal, libre, gratuito y seguro las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las personas gestantes sufren menos violencias, discriminación, coerción sobre sus cuerpos y el Estado y las entidades prestadoras de salud están obligados a garantizar servicios adecuados, con calidad de atención desde una práctica segura, digna y libre de prejuicios sociales y culturales.
La segunda barrera para acceder a la IVE es la falta de información, un claro ejemplo de ello se evidencia con las mujeres del Tolima, en donde para enero de 2019 y febrero de 2021 tan solo 63 mujeres de las zonas rurales y 2 mujeres de comunidades indígenas solicitaron información sobre el acceso a la IVE, mientras que 1.516 las mujeres en el área urbana o cabecera accedieron a esta información (Profamilia).
El trabajo que hemos venido desarrollando como Organización IMAGINA en el departamento hemos podido evidenciar, que a pesar del reconocimiento formal y jurídico de la Sentencia C-355 de 2006 en Colombia, sigue existiendo distancia en lo que dice la Ley y la realidad que viven cotidianamente las mujeres desde sus diversidades en Colombia, específicamente en el departamento del Tolima, ya que según las cifras “en Colombia se realizan en promedio 40.000 procedimientos de IVE luego del primer trimestre y 8.000 luego de la semana veinte, lo que muestra no es suficiente con una despenalización parcial en el primer trimestre del embarazo” (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres), sino que es necesario y fundamental la despenalización total del aborto para que las mujeres y las personas gestante accedan a dicho derecho humano de manera libre, oportuna y segura en el país y en el mundo entero. Mientras que para el departamento del Tolima según la información suministrada por Profamilia entre el periodo 2019 – 2021, 1.351 mujeres accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre, de las cuales 27 eran mujeres y niñas migrantes.
Por otra parte, consideramos que el derecho al aborto es fundamental en las reivindicaciones del movimiento de mujeres para mejor las condiciones de vida y el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las personas gestantes y en esta medida, lograr disminuir la mortalidad materna por abortos inseguros que es la cuarta causa, en la actualidad mueren anualmente 70 mujeres y cerca de 132,000 sufren complicaciones por falta de garantías y atención en la salud adecuados así lo indica La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Sin embargo, creemos que, si las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las personas gestantes acceden a una educación sexual integral, una asistencia sanitaria oportuna, libre de prejuicios, preventiva con acceso a la información y los métodos anticonceptivos, se producirán menos muertes por abortos inseguros y clandestinos; menos embarazos no deseados; menos abortos forzados y en consecuencia se reducirá el número de abortos en el país. Un claro ejemplo de lo anterior, es que en el país una de cada cinco mujeres dejo de recibir servicios anticonceptivos en el marco de la pandemia causa por el Covid-19 y más de 70.000 embarazos no pudieron evitarse (Profamilia:2020).
Según el informe de Profamilia realizado en el 2020 “26.223 abortos inseguros no pudieron evitarse y 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo dejaron de realizarse”. Lo cual significa que más de treinta mil mujeres y personas gestantes no lograron acceder ni estuvieron amparados por la Sentencia C-355 de 2006, y, por ende, no fue garantizado su derecho un aborto seguro y digno.
Por último, queremos manifestar que como feministas apoyamos y reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por ende, dicha postura política significa que estamos a favor del derecho aborto y de las maternidades autónomas, conscientes y libres de prejuicios sociales y culturales porque cada mujer, niña, adolescentes y persona gestante es quien debe decidir desde su autonomía y libertad sobre su cuerpo y proyectos de vida.
El aborto es un derecho humano y por ello exigimos la despenalización total.
NO TOQUES mis derechos que me los he ganado dignamente y los ha tenido que reconocer legalmente la cultura hegemónica.