Pronunciamiento conjunto de la Corporación Sentipensar por el Buen Vivir, la Cátedra Ambiental “Gonzalo Palomino Ortiz” y el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Territorio “Yuma-Ima” de la Universidad del Tolima, en el marco del debate sobre a aprobación del Acuerdo de Escazú o el acuerdo que promueve los derechos de acceso en asuntos ambientales: derecho a la información, participación y justicia acuerdo de Escazú por parte del Congreso de la república.
Colombia, uno de los países con mayor conflictividad ambiental en el mundo, es un país en el que el ejercicio del ambientalismo como expresión de la defensa del derecho a la vida, un ambiente sano y los bienes comunes está amenazado por diversas formas de violencia que van desde la violencia simbólica agenciada a través de la estigmatización de las organizaciones y líderes ambientales como enemigos del desarrollo apalancado por el extractivismo minero-energético y agroindustrial, hasta la violencia directa que en 2019 cobró la vida de al menos 64 líderes y lideresas ambientales ubicando a Colombia como el país más riesgoso para defender la vida de humanos y no humanos.
En este contexto, resaltamos que la incorporación del Acuerdo de Escazú es conveniente y necesario para el país por los siguientes aspectos:
- Contrario a los discursos que representan la participación social como causa de conflictos, han sido la indiscriminada titulación minera, de hidrocarburos y concesiones hídricas, la eliminación del requerimiento de licencia ambiental en la fase de exploración de los proyectos extractivos, la aprobación de licencias ambientales sin contar con la licencia social y las dificultades de acceso a la información, los factores cruciales en la generación de conflictos ambientales.
- La seguridad jurídica no debe ser sólo para la inversión privada, sino una condición fundamental para que los diversos sujetos ambientales vean garantizados sus derechos; en este sentido, es evidente que los procesos de reglamentación de los mecanismos de participación vienen aumentando el déficit de esta en el país al escamotear el carácter vinculante de las consultas populares y las consultas previas, configurando procesos de socialización como remedos de participación.
- La adopción de mecanismos que protegen a quienes defendemos nuestra casa común, garantizan el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental son fundamentales para disminuir la asimetría de poder de los actores sociales y comunitarios frente a las empresas y actores estatales que vulnera la esencia de la gobernanza y la democracia ambiental.
- De acuerdo con la Constitución Política de 1991 el soberano es el pueblo, por lo que cualquier mecanismo que amplíe, robustezca y garantice el derecho a la participación fortalece el ejercicio de la Soberanía nacional.
- Finalmente, la actual crisis política que atraviesa el país evidencia la necesidad de recrear la política como el arte de lo común y ampliar los escenarios democráticos para construir una paz sustentable, la incorporación al bloque de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, por su contribución al fortalecimiento de la democracia ambiental es una señal en la vía correcta.
Ibagué, 9 de junio de 2021 a 42 días de iniciado el Paro Nacional Popular
