Orlando Cano, Mesa Ambiental Salgar, Alianza Suroeste
Indignante resulta la oposición que los alcaldes del suroeste antioqueño, en contubernio con el gobernador, han manifestado frente a la Resolución 377 de 2024, mediante la cual el Ministerio de Agricultura busca reglamentar las zonas de protección para la producción de alimentos. Esta Resolución, contrario a lo que muchos piensan, es el resultado de más de 15 años de llamado desde los colectivos ambientales y sociales al Estado colombiano, exigiendo devolver la autonomía territorial a los municipios para decidir sobre el uso del suelo, especialmente en lo relacionado. con su patrimonio ambiental, mal denominado desde las teorías económicas como «recursos naturales».
Esta autonomía, consagrada en el artículo 313 de la Constitución, fue limitada por el artículo 37 del Código Minero, lo que perjudicó las competencias administrativas de los municipios como entidades territoriales, favoreciendo la imposición de proyectos extractivistas por parte del gobierno nacional en nuestros territorios.
Estos pronunciamientos contrarios a la Resolución representan un retroceso en las luchas que las organizaciones sociales y ambientales hemos liderado desde nuestros municipios. Dichas luchas han buscado evitar que las multinacionales mineras invadan nuestros territorios, destruyendo nuestras vocaciones campesinas, agropecuarias, arqueológicas y culturales. Estas vocaciones, profundamente arraigadas en nuestras tradiciones pueblerinas y montañeras, han sido el motor de nuestro desarrollo económico durante décadas.
Reglamentar las zonas de protección para la producción de alimentos no constituye un atentado contra el desarrollo económico sostenible y sustentable en nuestras comunidades. Por el contrario, es un avance hacia el reconocimiento y fortalecimiento de nuestras tradiciones y vocaciones económicas. Además, impulsa la soberanía alimentaria mediante procesos de producción agroindustrial y ecológica en armonía con nuestra biodiversidad, que constituye un pilar fundamental de nuestra riqueza ambiental y natural.
En este sentido, valoramos los esfuerzos del gobierno nacional que, desde el Ejecutivo, buscan corregir la incapacidad e inoperancia del Legislativo para atender las demandas y necesidades que la sociedad civil ha planteado durante años.
Es crucial hacer un llamado a nuestros gobernantes para recordarles que la gobernabilidad política entre las instituciones queda incompleta si no se fomenta la comunicación con el pueblo, representado en los espacios de participación ciudadana y en las organizaciones de la sociedad civil. En síntesis, la gobernabilidad debe complementarse con la gobernanza, entendida como el diálogo constante entre el Estado y su pueblo.
Finalmente, es imperativo recordarles a los gobernantes que su principal objetivo debe ser trabajar en favor del interés general, por encima de ideologías políticas y de intereses particulares.
