El Caso de La Oroya ha sido emblemático en la lucha contra la explotación minera en América Latina. El 27 de noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Perú por las violaciones a los derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya.
Las violaciones fueron consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producida por las actividades minero-metalúrgicas en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), y por el incumplimiento del Estado al regular y fiscalizar las actividades del CMLO. Estas acciones y omisiones vulneraron los derechos al ambiente sano, la salud, la vida y la integridad personal de las víctimas.
Además, la Corte concluyó que el Estado incumplió con su obligación de desarrollo progresivo respecto del derecho al medio ambiente sano debido a la modificación regresiva de los estándares de calidad del aire. También se determinó que el Estado fue responsable por la violación de los derechos de la niñez, considerando el impacto diferenciado que la contaminación tuvo en los niños y niñas de La Oroya.
En resumen, el Estado de Perú debe asumir su responsabilidad y tomar medidas para reparar los daños causados a la población de La Oroya debido a la explotación minera y la contaminación ambiental.
