Por: Martha Devia, Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la RED DESC
El panorama de los Derechos Humanos en los países latinoamericanos son el reflejo del abuso corporativo que durante décadas han saqueado sin reparo nuestras regiones sin que existan efectivas leyes o regulaciones jurídicas que permitan exigirles a las transnacionales responder por la violación de los derechos humanos en materia económica, social, cultural, ancestral y ambiental.
Un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos representa crear mecanismos de justicia para frenar el atropello corporativo. Con el ánimo de que Colombia se vincule activamente en las discusiones que se vienen adelantando en esta materia, se adelantó la campaña denominada ¡Suficiente! Frenemos la impunidad corporativa; agenciada por el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el centro socio jurídico para la defensa territorial, FIAN Colombia, CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas, Heinrich Böll Stiftung, Amigos de la tierra – América Latina y el Caribe, Censat Agua viva, Solidarity Center y la Asociación Minga; Sociedad civil, organizaciones nacionales e internacionales, líderes de diferentes departamentos de Colombia, que se juntan para dialogar en torno a la dirección que debe tomar nuestro país para regular el accionar de las empresas sobre los territorios.
En el escenario se ratifica una vez más la impunidad, el saqueo, el destino de las zonas de sacrificio y las distintas luchas que hombres y mujeres de todo el país han liderado durante años y con la esperanza de recuperar la soberanía, el equilibrio y la armonía en nuestras tierras. Todos coinciden que el momento de recuperar el país, le corresponde a este gobierno de la paz total, pero para eso, es imperativo que exista mayor diligencia por parte de los actores políticos, que se sostengan diálogos interinstitucionales, intergubernamentales y con la sociedad civil.
Suficientes evidencias de violaciones a los derechos fundamentales, a la vida digna, impactos ambientales y a la salud como la contaminación de las aguas, suelo y aire, la proliferación de enfermedades, las restricciones para el acceso al agua, los desplazamientos, el despojo territorial, ruptura del tejido social, la pérdida de identidad cultural, la pérdida de la diversificación económica, y de las costumbres ancestrales, los graves daños a los ecosistemas, entre otros, son algunos fenómenos desatados por el abuso e impunidad corporativa que urgentemente debe movilizarnos hacia la incorporación de mecanismos de protección sobre el territorio y regulación de los poderes corporativos.
En Colombia, aunque han existido mecanismos de participación y pese a que se han adoptado instrumentos internacionales como los principios rectores de Naciones Unidas, se ha demostrado que estos, por su carácter de voluntariedad y por no ser jurídicamente obligatorios, son ineficaces y no tienen la fuerza suficiente para proteger los derechos humanos. Por otro lado, vemos con inquietud el deseo de agenciar para Colombia la herramienta de la debida diligencia, una apuesta que impulsa que sean las empresas las encargadas de identificar el riesgo de vulneración a los DDHH, prevenirlos y después repararlos; sin embargo, esta alternativa se ha convertido en un ejercicio propagandístico a favor de las empresas y sin un ejercicio real de justicia.
En el caso del tratado vinculante, este mecanismo busca que las empresas tengan una responsabilidad jurídica, incluso extraterritorial y que se regule desde sus casas matrices y durante toda su cadena de suministro. Es claro que el rol que se espera de Colombia en este aspecto tomará tiempo y por tanto, el país deberá agilizar su trabajo para actualizar los mecanismos jurídicos y legales internos, asegurando mayor control y penalidad para las empresas infractoras, sobre todo cuando el código penal colombiano tiene vacíos en este respecto.
Finalmente, miembros de la sociedad civil que participó en la audiencia pública sobre tratado vinculante en el congreso de la república, además de presentar múltiples denuncias de violación a los derechos humanos, considera que este gobierno debe sostener diálogos interinstitucionales y ponerse al tanto de las investigaciones, los registros y los análisis que diversas plataformas del país han adelantado en relación al tratado vinculante, la responsabilidad empresarial, la debida diligencia y otros procesos nacionales e internacionales.