Por: Juan Pablo Soler Villamizar.
La transición energética justa ocurre en la medida que las organizaciones sociales y comunidades locales se convierten en actores activos del sistema energético. Un término cercano a esta perspectiva es el de “prosumidores” en el cual el papel pasivo del consumidor energético se conjuga asumiendo tareas de la producción. Las energías comunitarias imprimen un papel adicional y es la posibilidad de ser gestoras de la energía, no solo bajo un enfoque de producir lo que se necesita sino de dar nuevos usos a la energía en clave de mitigación de la crisis climática, de crear condiciones de vida digna, de aumentar ingresos y reducir egresos familiares y de garantizar el acceso a la energía tanto en el campo como en la ciudad.
A esto lo denomino Ubuntus Energéticos los cuales pueden ser personas o comunidades organizadas que guían su actuación bajo principios tácitos de solidaridad, generosidad y de cuidado del otro y de la otra frente a la crisis climática y energética. Un ubuntu existe en la medida que otro existe.
Por tanto, el espacio donde los Ubuntus Energéticos echan sus raíces es en la creación y multiplicación de energías comunitarias que permiten poner en marcha prácticas de autoabastecimiento energético, dar otras dimensiones al uso de las energías y mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad en los lugares donde se implementan.
En el caso de las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías -Comunidades SETAA, Fundaexpresión y CENSAT Agua Viva, las energías comunitarias se han puesto en marcha por medio de un proceso de formación denominado Escuela de Técnicos y Técnicas comunitarias campesinas en energías Alternativas, en el que las iniciativas prácticas que se construyen y la forma como se implementan, replantean y resignifican la relación con la energía y la naturaleza.
La escuela se cimenta sobre el deseo de aprender y compartir el conocimiento, del aprender haciendo, lo cual ha conllevado que las y los participantes hayan identificado que la energía no solo es la electricidad y que la transición justa requiere de una transformación cultural en torno al uso y concepción de la energía para poder sobrepasar la crisis energética actual.
No partimos de cero, las constataciones del actual sistema guían la actuación. Entre otras, el sistema energético actual tiene fugas que pueden mitigarse con prácticas de eficiencia energética, donde la técnica juega un papel protagónico. Fugas con relación al despilfarro energético a partir de producir y consumir energía que no se necesita. Por tanto, los aportes de acciones individuales o de las energías comunitarias deben complementarse con las actuaciones que la ciudadanía imponga a las grandes empresas electrointensivas, sobre todo a aquellas empresas que promueven el consumismo y la obsolescencia programada.
La prohibición o limitación de la obsolescencia programada debe tener un lugar especial en la transición energética justa a nivel global. La prioridad, en todas las escalas, debe ser el valor de uso sobre el valor de cambio lo cual se traduce en mitigar el desperdicio energético y la producción innecesaria de desechos.
De este modo, las energías comunitarias pueden entenderse como una serie de acciones que se pueden aplicar en la vida cotidiana para favorecer la creación de condiciones de vida digna y actividades amigables con todas las formas de vida presentes en el planeta. En nuestra experiencia hemos agrupado la diversidad de energías comunitarias en cosechas de energía para facilitar su implementación con un enfoque integral. Hasta ahora las cosechas en curso son las de sol, de aguas, de nuevas relaciones y de energía humana. Un aspecto clave de esta agrupación es que no todas las energías disponibles deben instalarse al mismo tiempo, es un proceso paulatino, dinámico y dialéctico en el que la instalación de una conlleva a la otra y a su continuo mejoramiento bajo gestión de las comunidades locales.
Las experiencias implementadas son múltiples y diversas: bicimáquinas, sistemas fotovoltaicos, deshidratadores solares, cultivos dendroenergéticos/bosques leñeros, pacas digestoras, biodigestores, consumo local, producción agroecológica, microcentrales, movilidad sustentable, siembras de aguas y la autogestión de la salud entre otros. Todas tienen por común denominador la reducción de emisión de gases efecto invernadero, garantizar el acceso a energía limpias y autónomas, reducir el gasto público en atención en salud y dignificar la vida en el campo y la ciudad.
No obstante, en Colombia el marco legal para promocionarlas, apoyarlas y difundirlas no existe y configura un vacío de la ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021 o Ley de Transición Energética. La energía es más que electricidad y la política pública debe transformarse en torno a ello. A modo de ejemplo, podemos citar un biodigestor que no puede verse solamente por su beneficio de generación de biogás para la cocción de alimentos o generación eléctrica. Su potencial también radica en la disminución de costos de producción con los fertilizantes obtenidos, en el cambio de roles en las tareas del hogar, en el mejoramiento de condiciones de vida y en la gestión de residuos descentralizada que atiende de manera estructural la contaminación de las aguas y la degradación de las cuencas.
Las leyes establecieron un mercado para que las pequeñas y medianas empresas o personas con capacidad de endeudamiento puedan vender sus excedentes a la red, pero deja de lado a las iniciativas comunitarias con propuestas de autogestión de la energía. Por tanto, es necesario diseñar un marco normativo que las fomente y que las blinde de actuaciones irregulares de las instituciones públicas que obstaculizan su desarrollo, como es el caso de corporaciones autónomas regionales -CARS- que han sellado biodigestores debido a que los funcionarios no conocen la tecnología o lo que viene sucediendo en Bogotá donde las pacas digestoras son vistas como una amenaza para el “espacio público”.
https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/155-ubuntus-energeticos-en-audiencia-publica.html