La Guajira es un territorio altamente vulnerable a la crisis climática y es reconocido por el problema humanitario a raíz de la escasez hídrica y alimentaria, donde el único acuífero de agua dulce que alimenta a estas poblaciones, conocido como el Arroyo Bruno, sería destruído con el único propósito de intensificar la mega minería de cuarenta décadas en la Guajira, teniendo en cuenta esto, los derechos de las comunidades wayuu están siendo vulnerados.
Instituciones del gobierno burlaron la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017 “Derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de comunidades indígenas con ocasión del proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno”, puesto que avaló la desviación del cauce natural del Arroyo Bruno. Esta decisión está contenida en estudios sin rigurosidad y con información predominante de la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón, el cual no contó con la participación efectiva de las comunidades accionantes wayuu.
De acuerdo con el comunicado emitido por el movimiento la Guajira le habla al país, manifiesta que “la mesa técnica interinstitucional de la cual hace parte la empresa carbones del cerrejón concluyó en un estudio que el arroyo permanecerá desviado en el canal artificial. De esta manera, se da paso a que se ejecute el plan de la compañía transnacional de dinamitar el ecosistema de un tramo del cauce natural del arroyo para expandir la explotación de carbón”, afirmaron.
Por medio de una comunicación realizada por la funcionaria de asuntos ambientales y sectoriales del ministerio de ambiente Andrea Corzo, informó la versión final del estudio de dicha mesa, esperan dar por satisfecho “el propósito de la sentencia de la corte”, y su vez advierte que las recomendaciones en lo relacionado con el tema cosmogónico, espiritual y cultural de la etnia wayuu serían aplicables a todas las comunidades que acobija la sentencia a cambio de la destrucción del ecosistema natural del arroyo bruno y la empresa ofrece como medida de “compensación” construir un sitio para rituales y ampliar viveros.
Esta comunicación es grave dado el antecedente del 2017 cuando la empresa aceleró las obras de desviación del arroyo, mientras el proceso judicial estaba ante la corte constitucional. Es decir, se corre el riesgo de que con la sola realización de este estudio se avale la destrucción del cauce del arroyo, sin dar lugar a la validación de la autoridad judicial y de las comunidades wayuu de esta decisión.
Para concluir, las multinaciones Glencore y Angloamerican demandaron al estado colombiano ante un tribunal del Banco Mundial, con esta demanda pretenden que les paguen con recursos públicos una millonaria indemnización por la decisión de la corte constitucional en el 2017 de suspender la destrucción del Arroyo Bruno.
Las comunidades hacen un llamado a la corte constitucional para que se emita una medida provisional para que la empresa y las autoridades públicas se abstengan de destruir el cauce natural del Arroyo Bruno y se concedan las solicitudes que se han hecho de abrir un trámite de cumplimiento y una audiencia de verificación.
