Por: Liz Alejandra Ávila Rodríguez
El Municipio de Falan se encuentra ubicado al norte del departamento del Tolima, el 76% de su población habita en el sector rural (DANE 2020) y su economía se basa principalmente en actividades agropecuarias. Las cifras anteriores hablan de la vocación campesina de un territorio que se caracteriza por el temperamento tranquilo y amable de sus habitantes. Por otro lado, Miranda Gold pertenece a una compañía canadiense de exploración minera llamada Outcrop Silver & Gold Corp cuya forma de negocio es llevar proyectos mineros desde la fase de prospección y exploración hasta la explotación.
Esta multinacional opera bajo un modelo de negocios conocido como “joint venture” (empresa conjunta, alianza estratégica, alianza comercial o consorcio), que consiste en un conglomerado de empresas y/o personas (venturers o socios) organizados para llevar a cabo un negocio, es decir, un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo (Maguiña 2014). En este caso el negocio se llama “Proyecto Santa Ana” el cual está compuesto por decenas de títulos pequeños y medianos operados por socios privados (ej. Minerales La Fortuna, Minerales Santa Ana, Lost City SAS, etc.). La extensión del proyecto es de 36 mil hectáreas que afectarían de manera directa los municipios de Mariquita, Armero Guayabal, Líbano, Fresno, Villahermosa, Casabianca, Palocabildo y Falan (Figura 1). Precisamente es en este último municipio en donde Outcrop comienza su gran operación y en dónde hemos visto aparecer diferentes actores mineros desde la entrada de Miranda Gold en diciembre de 2019.
Desde el primer momento los habitantes del municipio preocupados por el posible inicio de actividades mineras en un territorio de tradición campesina empezaron a buscar respuestas en CORTOLIMA. En primer lugar, en el EOT aprobado en diciembre de 2019, no está destinada ni una sola hectárea del municipio para actividades mineras. Por el contrario, en este documento se compromete el 88,4% del territorio con la conservación y la vocación agrícola. Sin embargo, en la realidad el subsuelo del municipio se concesionó a la minería sin tener en cuenta la vocación del territorio y los sueños de sus habitantes. Es así como, contrario al proyecto socio-territorial proyectado para el municipio, en junio de 2019 se firma un acta de coordinación y concurrencia en donde se titula el 20,8% del territorio, para enero 2022 área titulada era del 65,20% y el área susceptible de minería era del 96 %. Según este ordenamiento, solamente el 4% del municipio estaría exento de actividades mineras.
Además de no tener en cuenta la vocación campesina del territorio, tampoco se excluyeron las áreas vulnerables a eventos de remoción en masa ni las áreas de importancia ecológica y recarga hídrica. Esto significa que, en un escenario con minería, a la pérdida de la forma de vida campesina y la soberanía alimentaria, habría que sumarle contingencias ambientales que incluyen deslizamientos más frecuentes por la perturbación geológica de superficie y profundidad, diques con desperdicios mineros que se pueden romper formando avalanchas de lodo tóxico y gente trabajando en socavones que se pueden derrumbar acabando con sus vidas.
A pesar de nuestras protestas, el Proyecto Santa Ana sigue creciendo sin control pasando de 640 hectáreas en 2019 a 36 mil en 2022, un proyecto de esta magnitud afectará significativamente la integridad ecológica y la biodiversidad todo el norte del Tolima. Pese al grave impacto socioambiental, CORTOLIMA, la máxima autoridad ambiental de la región sigue imperturbable. Es así como después de tres años, el Comité Ambiental de Falan y Frías acumula 25 oficios de solicitudes y denuncias interpuestos por diferentes ciudadanos los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
- 4 denuncias disciplinarias: Dos no prosperaron, otras dos entraron a investigación, Ninguna terminó en una sanción a CORTOLIMA
- 20 derechos de petición: Tres solicitudes (por parte de congresistas) fueron contestadas, tres nunca fueron contestadas y seis no recibieron respuesta de fondo. Cinco más están en espera.
- 1 tutela: En desacato, en el juzgado no volvieron a contestar nuestras solicitudes
Además de ser sorda, CORTOLIMA también se caracteriza por su ceguera ya que la mayor parte de los funcionarios que están enviando a hacer las visitas no las hacen de manera correcta. Hay evidencia de esto en el Rad-N°18789-05-11-2021, oficio en el cual la Ingeniera Adriana Paola Guevara Valencia atiende un derecho de petición sobre la captación ilegal de agua del acueducto de la Vereda Cavandia por parte de la sociedad Minera La Fortuna. En dicho documento la ingeniera afirma que no existe tal captación y que los tanques de la empresa minera los llena un carrotanque que viene del Municipio de Honda 4 veces por semana.
Esta afirmación carece de fundamento práctico por el mal estado de las vías y contradice las versiones de los vecinos que insistentemente denuncian la captación del líquido. El 24 de marzo de 2022, 5 meses después de la visita de la ingeniera, gracias a la Veeduría Ambiental de Palocabildo se comprueba que en efecto el presidente JAC estaba desviando el agua del acueducto para venderla a la empresa minera en cuestión. Asimismo, surge otra duda con respecto al citado oficio, ya que olímpicamente la ingeniera exonera a la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Falan quien precisamente había sido denunciada por la venta de agua para uso industrial a la compañía minera Miranda Gold (socia de Minera La Fortuna) cuando su concesión es para uso domiciliario.
Los hechos aquí descritos despiertan preocupación pues esta misma ingeniera es quién hizo la visita para recolectar parte de las muestras necesarias para elaborar el informe que decidirá si se da o no la concesión de aguas superficiales de la Quebrada Santagueda (Exp-SUP-20324). Además, en un acto totalmente irresponsable, funcionarios de CORTOLIMA (empezando por la misma directora) declararon que en el municipio de Falan fueron asesinadas 300 águilas cuaresmeras (Buteo platypterus). Esta versión es puesta en duda por la comunidad y actualmente se encuentra en investigación. Parece que además de ser sorda y ciega, CORTOLIMA sufre de alucinaciones en las cuales terminan criminalizando a las comunidades campesinas que se oponen a grandes proyectos mineros.
A la luz de esta evidencia denunciamos públicamente a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) por su negligencia en la vigilancia al ciclo minero que se adelanta en el Municipio de Falan. Asimismo, hacemos responsable a esta entidad por los daños y perjuicios ocasionados por las actividades mineras que se adelanta en el territorio, en especial las relacionadas con el uso del agua y el suelo.