Dos hombres fueron declarados responsables de desplazamiento forzado por el Tribunal Superior de Cartagena, en relación a los hechos acontecidos en Las Pavas.
Este caso, una finca de 3.000 hectáreas en el sur del departamento de Bolívar, es uno de los más representativos en la disputa por la tierra en Colombia, debido a que agrupa todos los elementos claves de la historia del país: el Cartel de Medellín, Carlos Castaño, paramilitares, campesinos sin tierra, familias de abolengo, palma de aceite, desplazamientos, homicidios y laberintos de decisiones jurídicas y administrativas.
El abogado representante de las víctimas de la hacienda Las Pavas manifestó que «La sentencia de primera instancia era problemática porque avalaba el paramilitarismo”, mientras celebra la determinación de segunda instancia que condena a Gustavo Sierra Mayo y a Mario Mármol Montero por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.
El abogado hace referencia a una sentencia del año 2018 que absuelve a Sierra y Mármol, bajo el argumento que acudir a grupos paramilitares para ejercer la justicia por mano propia no se configura dentro de los delitos de desplazamiento forzado ni de concierto para delinquir. Lo que esto da a entender es que reconoce los hechos pero concluye que no se constituyen como delito. Por otra parte, es importante mencionar que otras decisiones judiciales que se tomaron anteriormente sobre este caso ni siquiera reconocían los hechos; por ejemplo, cuando la Fiscalía en el año 2011, entonces al mando de Viviane Morales, precluyó la investigación bajo el argumento de que era una farsa montada por un grupo de personas que quería lucrarse con la restitución porque, según una fiscal de Cartagena, en esa zona del sur de Bolívar no hubo paramilitares.
La primera instancia establece que lo que sucedió en ese entonces no fue desplazamiento forzado porque, aunque sí es cierto que los campesinos fueron expulsados por un grupo armado ilegal, no eran los dueños ni ocupantes legítimos de las tierras.
La sentencia de segunda instancia sustenta que, tanto el Bloque Central Bolívar como el Bloque Norte, ambos parte de las AUC, tenían presencia en la zona con fines de dominio y era de su interés favorecer a las empresas palmeras que pretendían adquirir la finca Las Pavas.
En su momento, los paramilitares citaron a los campesinos a una reunión en la que les informaron que debían salir de la finca. En esa reunión estaban tanto Gustavo Sierra Mayo como Mario Mármol Montero, el otro condenado, quien era un informante de los paramilitares y les ayudaba a ejercer el control. Después de esa reunión, al menos salieron desplazadas 34 personas, pero la sentencia dice que pudieron ser muchos más.
Finalmente, el abogado de las víctimas, Juan Felipe García, expresa que “siempre que tenemos una victoria jurídica, hay represalias de seguridad en la zona», por tal razón, las personas del sector sienten temor de lo que pueda suceder.