Por: Walter Andrés Duarte Hernández / Activista Juvenil y Consultor Político
¿Qué rápido pasa el tiempo? – ¿No? – llego a la tercera columna pasados apenas diecinueve días de inaugurar mi opinión en este valioso portal y, a pesar de que es poco tiempo, -al menos desde que empezó el nuevo año-, nos vamos acostumbrando a la tanda de opinión semanal. Hay centenares de noticias y sucesos importantes que día a día ocurren sobre los cuales sería vital discutir, sin embargo… hay uno, que me ha tenido consternado por mucho tiempo y, no puedo dejar de pasa, en esta entrega: “Vías, el problema eterno de Santa Isabel” –Mi Terruño–
Hasta la saciedad se ha dicho que el desarrollo de un territorio tiene mucho que ver con el estado óptimo de su infraestructura vial. En las denominadas vías terciarias y secundarias está la primera causa de subdesarrollo de nuestros municipios en Colombia –por su estado crítico-. Santa Isabel (Tolima), un hermoso municipio ubicado en la provincia nevados (norte del departamento), icono nacional eco sistémico, fábrica de agua por excelencia, despensa agrícola y foco de oportunidad internacional para el turismo de naturaleza (en el majestuoso parque nacional natural los nevados), ha tenido históricamente un problema que se agudiza con cada ola invernal, sus vías secundarias y terciarias son verdaderos caminos de herradura, algo inconcebible en pleno siglo XXI… Como lo dice el escritor William Ospina “En Colombia llegan los Lamborghini, pero no llegan las carreteras” (El desarrollo anacrónico), el mejoramiento vial el caldo de cultivo para la politiquería, el engaño y la manipulación electoral.
Cada vez que llueve o llega con intensidad el fenómeno de la niña al municipio del nevado propio –Santa Isabel- sus habitantes viven un verdadero calvario, el mal estado de las vías pone en riesgo la vida y la economía de usuarios y visitantes. Existe una verdadera vulneración de derechos ante la posibilidad de accidentes, los problemas de comunicación con poblaciones vecinas, los problemas de movilidad y transporte de productos agrícolas y pecuarios a mercados finales, e impactos económicos y sociales negativos en plena reactivación económica -después de la pandemia y la era de violencia.
¿Cuánto tiempo más deben esperar campesinos, campesinas, transportadores y usuarios para que las vías de Santa Isabel respondan a criterios mínimos de dignidad y seguridad?
¿Quién responde ante la crítica situación que condiciona el desarrollo social y el crecimiento económico del municipio?
¿Quién debe intervenir por competencia directa o indirecta en el mejoramiento de la infraestructura vial?
Según la clasificación de vías que usa el Ministerio de Transporte y todas las autoridades de infraestructura en Colombia, existen identificadas unas “vías nacionales o primarias”, conocidas también como “troncales”, que unen zonas de producción con las de consumo o conectan fronteras con puertos comerciales. Estas son grandes obras que están financiadas por el Estado a través de las concesiones. El segundo grupo de carreteras son las “vías departamentales o secundarias” que unen los pueblos entre sí y se conectan con una vía primaria. Su construcción y mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos departamentales. Y el tercer grupo lo integran las “vías municipales o terciarias” que dependen administrativamente de los municipios y enlazan las cabeceras municipales con las veredas.
Cuando ocurren siniestros o la trocha es intransitable la indignación es colectiva, la ciudadanía advierte su inconformismo (Es su derecho), sin embargo… ¿Quién responde? ¿Quién debe tomar medidas? ¿Por qué no pasa nada? Desde lo público -sin duda- hay responsabilidad compartida, desde los gobiernos pasa por la competencia que tiene el Alcalde municipal si la vía (Bien público) es o no de su responsabilidad; de no serlo, es el Gobernador quien debe asumir las acciones preventivas o correctivas para asegurar el tránsito y la movilidad segura. Pese a ello ante la indiferencia y el olvido de los gobiernos departamentales, la gestión pública permite que la administración municipal pueda requerir o interponer los recursos para dirimir o solucionar la problemática. Como ha sido evidente en cincuenta años de olvido del Gobierno al campo Colombiano y con ello a la infraestructura vial secundaria y terciaria, a falta de intervención de la administración pública nacional, departamental o local es la ciudadanía quien debe tomar partido en la exigencia de sus derechos.
El decreto 0397 del 13 de marzo de 2019 de la Gobernación del Tolima (Acto reconocido por el Ministerio de Transporte) clasifica la infraestructura vial que tiene a cargo el departamento; en lo relacionado a Santa Isabel se encuentran clasificadas las vías de la siguiente manera: Vías de tercer orden: Vía La Sierrita- Junín – Santa Isabel – Longitud: 35,03 Km (Código: 43TL06) Vía: Anzoátegui – El Fierro- Santa Isabel – Longitud: 22,18 Km (Código: 43TL06-1) y Vía: Santa Isabel – El Bosque – Longitud: 22,34 Km (Código: 50ATL02-3); por otro lado clasifica la Vía Líbano – Santa Teresa – Cruce Santa Isabel – Longitud: 42.78 km (Código: 50ATL01) como vía de Segundo Orden.
En esta suerte de inoperancia y de olvido con los campesinos, los mecanismos de protección ciudadana son herramientas clave para los Santaisabelitas, se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Por tanto, es necesario e imperioso proceder vía iniciativa ciudadana y popular para tramitar e interponer los recursos necesarios que permitan la exigencia de intervenciones y cambios. ¡Vías dignas y seguras para los campesinos de Santa Isabel!
Nota: Mi solidaridad con Don Alfonso Murillo y todos los transportadores, usuarios y campesinos Santaisabelitas que han sido vulnerados en sus derechos por esta triste situación.