Por: Walter Andrés Duarte Hernández – Activista Juvenil y Consultor Político
Empezamos año mirando hacia arriba, observando con detalle los movimientos del poder -cómo lo sugerí en la columna anterior- “espero se hubieran visto la película”. El 2022 inicia con importantes acciones en la política electoral, los partidos, movimientos y expresiones políticas enfilan baterías para hacerse a los votos y dar la batalla por alcanzar el poder –Cámara de representantes, Senado de la república y consultas presidenciales-, se aproxima el trece de marzo y cada día, cada semana, cada acción social y política cuenta.
Han pasado 31 años y 31 iniciativas de revocatoria de mandato según la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el anuncio de este derecho político en la nueva Constitución Política de Colombia, pero a la fecha, solo se ha revocado el mandato de un alcalde, en Tasco – Boyacá, votación que fue realizada el 29 de julio de 2018. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana, establecido en el artículo 103 de la Constitución, reglamentado por la Ley 134 de 1994, modificada por la Ley 1757 de 2015; la revocatoria de mandato es considerada derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han otorgado por voto popular a un gobernador o a un alcalde, es un mecanismo que permite ejercer control y garantizar la eficacia en los actos del Estado.
A causa de la pandemia del Covid-19 y sus repercusiones sociales, económicas y políticas, alcaldes y gobernadores de los territorios de Colombia han limitado el cumplimiento a cabalidad de sus respectivos planes de desarrollo, una situación adversa que despierta diversas y contrastadas críticas. Un sector cuestiona el paupérrimo trabajo de alcaldes y gobernadores en todo el territorio nacional, las mayores críticas están dadas para todos aquellos que excusan ausencia de logros y resultados significativos en la pandemia; otros cuestionan la viabilidad y eficacia de llevar a cabo revocatorias de mandato bajo esta situación pandémica, especialmente en municipios donde existen altos índices de polarización política y las solicitudes de revocatorias de mandato contra alcaldes que si cuentan con algunos desempeños a pesar de la crisis razón por la que el objetivo o la motivación de los promotores de la revocatoria es otro.
Analistas políticos coinciden que diversos sectores usan el mecanismo solamente como estrategia política para así fortalecer sus bases electorales, aprovechando la posibilidad de elecciones atípicas, generando inestabilidad y talanqueras a la gobernabilidad actual en los territorios. Una muestra evidente de retaliación política.
El enfoque y la utilización de este mecanismo por parte de la ciudadanía, los partidos y los entes del Estado debe ser responsable, utilizarlo simplemente como un arma política es sabotear la gobernabilidad de alcaldes y gobernadores y con ello el desarrollo de muchos territorios. Una de las formas de garantizar esto es enfatizar en el hecho de que la revocatoria de mandato se use únicamente en los casos en los que haya una violación expresa de lo prometido en el plan de gobierno, como está señalado en las sentencias C-179 del 2002 y SU-077 del 2018.
Para realizar una revocatoria de mandato es necesario recolectar una cantidad de firmas válidas de ciudadanos que formen parte del censo electoral del territorio, equivalentes al 30 % de los votos que obtuvo el mandatario cuando fue elegido. Si se cumple ese requisito se convoca a una votación en los siguientes dos meses, en la cual se debe conseguir por lo menos una participación del 40 % de los votos totales que se emitieron en la votación cuando fue electo el mandatario, y un apoyo a la revocatoria de la mitad más uno. Medellín es un municipio que no pasa desapercibido en este análisis, muy pronto el alcalde Daniel Quintero se enfrentará en las urnas con los ciudadanos que desaprueban su gestión en Medellín y serán las mayorías quienes decidan si se mantiene o no en su cargo.
Este proceso empezó en plena navidad, cuando la Registraduría de Alexander Vega anunció que de 383.685 firmas presentadas por el movimiento “Medellín sí nos pertenece”, eran válidas 133.248, -más de las 91.211 que se solicitaban para iniciar el proceso revocatorio-. No se descarta que el proceso electoral en contra del alcalde coincida o se cruce con las elecciones legislativas y presidenciales, lo que sí es cierto es que Quintero ha levantado ampollas y odios librado todo un debate casi nacional frente a la relación del empresariado antioqueño con los medellinenses. Quintero ha cuestionado frontalmente las prácticas de diversos sectores de empresarios con lo público, en especial al manejo que históricamente se le ha dado a la junta directiva de EPM donde se evidenciaba la priorización de intereses individuales que no favorecían a los ciudadanos. En contraste líderes de opinión manifiestan que el burgomaestre ha deteriorado el esquema de alianza entre los sectores público y privado que se instaló en Medellín desde hace varias décadas como mecanismo de superación al ciclo de violencia. –También existen críticas por sobrecostos en el programa de Buen Comienzo, los altos niveles de contratación directa y el descuido de zonas verdes-.
Revocar los odios es tarea imperativa para el desarrollo armónico de la sociedad, -así suene a utopía-, Colombia ha tenido gobiernos de municipios y departamentos abiertamente corruptos, pese a ello no han pasado este tipo de fenómenos –Necesarios en este caso-, la pérdida del poder por parte de sectores que históricamente han estado al mando genera todo este tipo de retaliaciones, por ende es categórico y necesario trabajar para refrendar el cambio de los gobiernos tradicionales, no solo como un mensaje de dignidad, lucha social y entereza de los gobernantes que representan independencia política sino también capacidad política para motivar el impulso transformacional de centenares de territorios anclados hoy en el subdesarrollo fruto del secuestro de alcaldías y gobernaciones y el saqueo constante y descarado al erario público.
La revocatoria del mandato es un mecanismo vital en la democracia, para que la ciudadanía libre ejerza su derecho, participe y exija a sus gobernantes lo establecido en los programas de gobierno, si sigue siendo empleado por políticos opositores, en épocas pre-electorales con el fin de atacar y desestabilizar a gobiernos que no responden a los intereses de pocos no se materializa la esencia del derecho en mención, deja de ser un instrumento de control político basado en un debate programático, y solo se convierte en un engorroso y costoso termómetro político.