Por: Elena Rusca
El 28 de abril se inicio el Paro Nacional contra la Reforma Tributaria. Centrales obreras, organizaciones de mujeres, las de negritudes, las indígenas, las estudiantiles, las campesinas, las de pobladoras y pobladores de ciudad, en fin… la ciudadanía colombiana está harta del Gobierno y su manejo de la crisis.
No es un paro normal. La Covid-19 no solo ha cambiado las condiciones de vida sino también las condiciones de protesta. El Gobierno ha respondido al anuncio de paro diciendo que es “en este momento un atentado a la vida”. El pueblo colombiano le responde que prefiere enfermarse de Covid que seguir muriendo de hambre.
“¿Para quién Gobierna Iván Duque? Esta es una pregunta que parece retórica pero no lo es. A pesar de que siempre ha quedado claro que él es uno de los cuadros destacados del Centro Democrático; es decir, del uribismo; es decir, de la muerte… su decisión hecha pública la noche de este 1º de mayo sobre militarizar todos los sitios donde hay protestas dejan claro que el señor solo escucha al país que le conviene”, denuncia el periódico Colombia Informa.
“A un año de pandemia el escenario sigue igual de agrio: las mujeres continúan sobrecargadas con las labores del cuidado, al tiempo que son golpeadas y asesinadas sistemáticamente. Los campesinos continúan cultivando para vender a pérdida. La tasa de informalidad crece y la gente más empobrecida muere por el virus o por hambre.
El Gobierno ultraderechista de Iván Duque y el Centro Democrático han construido una reforma tributaria neoliberal y antipopular, con el fin de chupar más al pueblo y seguir financiando su modo de vida oligárquico, la guerra y pagar la deuda externa (deuda contraída por ellos y para ellos).
La reforma amplía el IVA en un 19% a los productos de la canasta básica familiar, a los combustibles, a los insumos agrícolas y a los servicios públicos. Gravará con impuestos directos a los salarios que fluctúen entre 2.5 millones de pesos (un aproximado de 690 dólares) y 1.7 millones de pesos (un aproximado de 470 dólares) a partir del 2023. También gravará las pensiones con mesadas superiores a los 4.8 millones de pesos (1300 dólares aproximadamente). Reforma la salud, profundizando en su mercatilización. Implementa las Zonas de Desarrollo Empresarial; las cuales son funcionales a la agroindustria, la gran minería y la explotación de hidrocarburos. Otorga millonarios recursos a los grandes empresarios, enmascarados en subsidios para el pago de nóminas.
A esto se suma la compleja situación que atraviesan las zonas rurales. La avanzada del paramilitarismo en Antioquia, Cauca y Norte de Santander ha configurado un escenario de violación constante de derechos humanos, en donde las comunidades sobreviven en medio de un fuego cruzado que no se detiene. Estos son los mismos territorios en los que el gobierno se ha manifestado a través de la militarización: el incremento de tropas del Ejército y acciones de guerra han dejado como resultado zozobra, temor y señalamientos contra la población civil que incluso han concluido en casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “Falsos Positivos”.
Es una situación difícil para quienes habitan el campo así como para quienes piensan en cómo transformarlo. En cuatro meses de este año ya han sido asesinados 52 líderes y lideresas sociales, a lo que se suma la estrategia de persecución y judicialización que ha sido utilizada por el Estado para deslegitimar las luchas populares y desarticular las propuestas y planes de vida que se gestan en las regiones.
La vida misma está en juego. Desde la capital hasta las ciudades intermedias y los contextos más rurales, cada día millones de personas sobreviven en medio de un contexto agreste y un Estado indolente que se empecina en legislar para los suyos.
Frente a esto, hay inconformidad, indignación y rebeldía. El equipo Colombia Informa lo expresa con claridad: “Estamos cansados y cansadas de que a través de decretos y reformas se arrebaten los derechos adquiridos, se precaricen los ingresos y se desmejoren las condiciones laborales de la clase trabajadora. Nos enoja que miles de estudiantes tengan la obligación de desertar o cumplir con horarios de trabajo indignos porque no tienen ni el dinero ni la infraestructura para costear las clases virtuales. Estamos hartas y hartos de que el plan nacional de vacunación sea errático y esté lleno de huecos a propósito, para que así le funcione a las grandes transnacionales farmacéuticas. Nos da rabia que los territorios y las economías propias de los pueblos se vean en riesgo cada día a causa de los términos asimétricos de los diferentes tratados económicos que firma el Gobierno solo para beneficio de la clase oligárquica del país”.
Y agrega: “Nos indigna que se siga negando una renta básica para la población de los estratos más empobrecidos, mientras se da plata a empresas no fundamentales (como Avianca) para que “gestionen” su crisis. La crisis económica que hoy se vive está potenciada por la pandemia de la Covid-19 pero también por las medidas económicas que inventan Iván Duque y su camarilla de su Gobierno para seguir enriqueciendo a la clase rica y empobreciendo al resto de colombianas y colombianos. Un año doloroso de pandemia, más el hambre, la desigualdad y décadas de exclusión no se solucionan quedándose en casa.”
Si este 28 salimos a las calles, las carreteras, las veredas y a todo sitio donde podamos parar; que sepa el Gobierno que es a causa de sus políticas. Que es porque no nos queda otra que ejercer el derecho ciudadano de protestar. Que los únicos que están atentando contra nuestras vidas cada día son Iván Duque, el uribismo y el neoliberalismo. Y que también sepa que seguiremos parando hasta que la vida sea digna”, denuncia el equipo de Colombia Informa.
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) solidariza con Colombia desde Chile.
La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) se pronunció ayer con una declaración pública, instando el pronunciamiento de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y exigiendo el cese inmediato de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de la nación andina.
La declaración denuncia que desde el 28 de abril y hasta el 7 de mayo:
- 37 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública
- La Plataforma Grita ha registrado, desde el 28 de abril, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de torturas y violencia física durante las manifestaciones
- 381 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD: 31 sufrieron lesiones oculares; 24 fueron heridas por arma de fuego; 58 personas defensoras de Derechos Humanos fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 15 personas fueron víctimas de violencia y tortura sexual perpetrada por el ESMAD.
- 180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas en procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- 8 allanamientos realizados, fueron declarados ilegales, incluyendo las detenciones realizadas durante los mismos.
- 569 denuncias por abusos, agresiones y violencia policial.
- Las organizaciones de defensa de los DDHH en Colombia informan que las agresiones han sido cometidas por la fuerza pública, específicamente la Policía Nacional que de forma generalizada y sistemática ha violado los derechos humanos de la población en las jornadas del Paro Nacional, realizado entre los días 28 de abril y el 7 de mayo.
En ese clima, la CECT denuncia que:
- Las fuerzas del orden desconocen y violan abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social en las sociedades democráticas. Se ha hecho evidente que las agresiones son mecanismos para infundir terror en la población, eludiendo el respeto y violentando el derecho fundamental y legítimo a la protesta social de parte de la ciudadanía, a la que se supone que las fuerzas que resguardan el orden público, deben proteger.
- Las instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional de Colombia han utilizado sus armas y procedimientos de guerra en contra de la población civil desarmada, ingresando a los barrios, lanzando aturdidoras, gases lacrimógenos y disparando indiscriminadamente, provocando lesiones y muerte.
Por eso desde Chile la Comisión Ética contra la Tortura se une a las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia para que cese la represión y junto a ellas exigimos:
- Que el gobierno nacional y los gobiernos locales brinden las garantías de seguridad y bioseguridad a toda la población, para esta pueda ejercer su derecho fundamental a la protesta social.
- Que el gobierno nacional y los gobiernos locales entreguen información completa y oportuna de las personas heridas y detenidas en el marco de las movilizaciones para que se les brinde atención médica, jurídica y psicosocial urgente.
- Que el gobierno nacional y la administración de justicia detenga la estigmatización y criminalización de la protesta social, que cesen los procesos judiciales arbitrarios, “falsos positivos judiciales”, montajes policiales y detenciones injustificadas. – Que el gobierno nacional y los organismos judiciales brinden las garantías de justicia para las víctimas y de no impunidad a los crímenes del Estado que dejan estas jornadas de protesta, toda vez que resulta inútil negar estas violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por policías y militares.
- Que el gobierno nacional y el Parlamento atiendan las justas exigencias de la población, que no se reducen al retiro y aplazamiento del proyecto de ley de reforma tributaria dado que estos no comprenden el conjunto demandas sociales ineludibles y que el pueblo exige para enfrentar el empobrecimiento económico y la crisis sanitaria.
- Que Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, NO usen armas de fuego ni desplieguen tácticas de guerra para acallar la protesta social y, por el contrario, respeten los protocolos de intervención y acción que colocan en primer orden el respeto de la vida e integridad física y psíquica de quienes se manifiestan y de quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos garantizándoles el pleno desarrollo de sus funciones que urgen en el contexto actual.
- Desde Chile también como Comisión Ética Contra la Tortura exigimos un pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: se requiere una intervención rápida y efectiva de ese organismo en Colombia para detener la masacre. La labor de las instituciones multilaterales de derechos humanos es crucial para cualquier sociedad víctima de delitos de lesa humanidad perpetrados por gobiernos. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar con urgencia y sin interferencias en las crisis humanitarias como la que está viviendo hoy el pueblo colombiano y que aún sigue viviendo el pueblo chileno. De lo contrario, estos organismos perderán toda su credibilidad y legitimidad.
