El pasado 8 de septiembre de 2021, la mesa directiva del Senado de la República expidió la Resolución 037, mediante la cual se crea la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano. Esta comisión está conformada por Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Wilson Arias, Sandra Ramírez, Feliciano Valencia, Aida Avella, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Jorge Eduardo Londoño y Jesús Alberto Castilla.
Dicha comisión presentó en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior un informe sobre la grave situación de derechos humanos, ambientales, territoriales y culturales, emanada de la extracción carbonífera en los departamentos de La Guajira y Cesar. El informe se presenta luego de las dos audiencias que se llevaron a cabo el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2021, donde se advirtieron las vulneraciones a los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en estos dos departamentos. El incumplimiento de la sentencia que protege al arroyo Bruno y los impactos sociales y laborales ocasionados por la salida de Prodeco de la región, fueron algunos de los temas de mayor impacto tratados en esos espacios.
La Comisión, integrada por los senadores antes mencionados, aseveró en su informe que “Han quedado en evidencia los grandes impactos ambientales, económicos, culturales y sociales ocasionados en estos territorios concesionados a las grandes multinacionales extractivas”. Representantes de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afro y sindicales que participaron en las audiencias públicas así lo certificaron, al denunciar la crisis humanitaria que viven los departamentos de La Guajira y Cesar, después de más de 30 años de operación minera de carbón en sus territorios.
En el informe, los congresistas también expresaron que las preocupaciones han aumentado “ante los incumplimientos que reiteradamente han denunciado las comunidades de La Guajira sobre la decisión judicial del Arroyo Bruno y/o por el anuncio realizado el año pasado por actores económicos del departamento del Cesar que de forma intempestiva anunciaron su retiro de la región sin la debida planeación y participación de las comunidades”. En este caso, las organizaciones continuarán acompañando a las comunidades afectadas para conseguir justicia, el respeto a los derechos humanos y la permanencia en el territorio, exigiendo del Estado una transición energética justa y con garantías en los territorios.
Finalmente, varias organizaciones se comprometieron a acompañar y apoyar las acciones promovidas la Comisión Accidental durante este año 2022, con el firme objetivo de que el país y el mundo conozcan los impactos y afectaciones derivados de la minería transnacional de carbón, los daños y perjuicios que genera en el ambiente y las consecuencias irreparables que deja en los territorios y en la vida de las comunidades que los habitan; con una intencionalidad clara: incentivar y exigir que se tomen medidas de orden político y administrativo para detener este tipo de actividades extractivas.