Desde la Red Ambiental Popular, denunciamos y rechazamos con fuerza el avance del extractivismo criminal, que bajo el discurso del “desarrollo sostenible” sigue desplazando pueblos, envenenando ríos y asesinando líderes y lideresas ambientales.
La explotación de cobre en el Putumayo, promovida por Libero Cobre y respaldada por el Gobierno Nacional, representa una amenaza directa sobre el territorio, su gente y sus aguas. No hay nada de justo en una transición que se impone a sangre y fuego sobre comunidades indígenas y campesinas.
Además, denunciamos la criminalización y judicialización de defensores del territorio en Jericó, Antioquia. Mientras AngloGold Ashanti opera con impunidad, el aparato judicial arremete contra quienes se oponen a la minería y defienden la tierra. En el gobierno del cambio la justicia sigue al servicio del capital y no de las comunidades que luchan día a día por la defensa de los recursos naturales
El modelo de transición energética que nos intentan vender no es transición: es recolonización. No son políticas climáticas: son políticas de despojo. Mientras nos hablan de bonos de carbono, parques solares y eólicas en La Guajira, las comunidades son desplazadas, militarizadas y asesinadas por defender la vida. No hay transición justa sin desmilitarización, sin reforma agraria, sin soberanía territorial y energética popular
Nuestra consigna es clara:
¡Paz, pan y tierra para todxs!
