En los últimos días, la organización no gubernamental Dejusticia (Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad) tuvo participación y presentó informe sobre la audiencia pública ambiental realizada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la cual tenía la intención de informar la propuesta de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) respecto al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG) en los municipios de San José de Cúcuta, El Zulia y Sardinata, en el Norte de Santander.
Resaltan, en su participación, la presentación de tres argumentos en contra de la aprobación de la modificación del PMA.
En primera instancia se refieren a que el procedimiento de aprobación de la modificación del PMA no ha presentado garantías de participación social, toda vez que ésta tiene que ser informada, adecuada, de doble vía y debe tener la posibilidad real de incidir en la decisión sobre la aprobación de dicho PMA. Además, debe contener una participación importante para las comunidades que se verían directamente afectadas por tal actividad. No obstante, no se han facilitado la información ni los canales pertinentes de participación para que puedan manifestar sus opiniones y reparos frente al proceso que afecta de manera directa los territorios.
En un segundo momento manifiestan que, en el marco del licenciamiento ambiental de actividades como las aspersiones con glifosato, es deber informar de manera completa y veraz los riesgos que se puedan generar y la forma de gestionarlos o evitarlos. Por lo anterior, es imprescindible mencionar que el procedimiento llevado a cabo por la ANLA desconoce de manera irresponsable que existen riesgos que no se están informando adecuadamente a la población. Al parecer en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no precisan los riesgos graves derivados por residuos de glifosato sobre otras poblaciones.
Por último, expresan que el PMA no debería ser aprobado puesto que existen varios interrogantes sobre la participación de las poblaciones potencialmente afectadas por las aspersiones en la discusión de los denominados Planes de Manejo Ambiental Específicos para los municipios del núcleo de Norte de Santander. Se desconocen las razones por las cuales no existe un licenciamiento completo para la actividad de las aspersiones con glifosato como proyecto, de la misma forma que ocurrió durante el procedimiento de licenciamiento en el año 2020, y cómo operarían los procedimientos de aprobación de los Planes de Manejo Ambiental Específicos para el polígono de Norte de Santander.
“Por todo lo anterior, solicitamos a la ANLA no aprobar la modificación del PMA del PECIG, dado que no cumple ni las exigencias en materia de licenciamiento ambiental, ni las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sus Sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021. Asimismo, le pedimos a la ANLA cesar la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana ambiental y al acceso a la información pública para la efectiva incidencia de la ciudadanía en las decisiones del Estado”, puntualizaron en su intervención.
Compartimos la intervención completa presentada por Dejusticia.
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