La Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking presentaron ante el Consejo de Estado una tutela que busca frenar el desarrollo de los proyectos pilotos de investigación en ‘Fracking’ (PPII) que se vienen adelantando en ese municipio de Santander, dada la presunta violación a los derechos fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad de la comunidad de la zona.
“Los ministerios de Ambiente y de Minas ya nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”, manifestaron los tutelantes.
De acuerdo a los demandantes, el recurso es procedente ya que se encuentra en marcha la implementación de los pilotos ya que, “en este momento, el Estado se encuentra realizando las líneas base generales (ambiental, social, salud, sismicidad), mientras que las empresas que pretenden desarrollar los PPII están adelantando actualmente los trámites para el otorgamiento de licencia ambiental”.
La tutela manifiesta que existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental. “La participación de la comunidad en la implementación de los PPII no se ha procurado de manera previa, sino que lo que ha surtido el gobierno son escenarios de socialización de decisiones, reuniones informativas, y no propiamente ejercicios de concertación/consenso”.
“En la regulación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidió para el proceso de selección de contratistas y adjudicación de los CEPI (contratos) Kalé y Platero no se realizó ningún tipo de consulta, ni siquiera a través de mecanismos virtuales. Así mismo, se firmaron dos contratos CEPI con Ecopetrol y ExxonMobil en los que nuevamente no hubo participación de las comunidades que habitan las áreas de influencia de dichos contratos y que serán afectadas por las actividades a desarrollar”, expresa el recurso.
La tutela pide que, de manera provisional, se ordene la suspensión de todos los trámites, estudios y procedimientos administrativos relacionados con la implementación de los PPII de ‘Fracking’ en Puerto Wilches.