Continúan los casos de intimidación y persecución para lideres ambientales que se oponen al proyecto La Miel II en el Oriente de Caldas

El Movimiento Ambiental y Campesino del Oriente de Caldas y la Alianza Abrazo al Río la Miel, emiten una denuncia pública donde rechazan las intimidaciones realizadas a los campesinos del oriente de caldas que exigen su derecho a la protección de un ambiente sano

En el documento manifiestan que, el 17 de septiembre del presente año, en la Vereda Florida departamento de caldas se reunieron aproximadamente 100 personas que provenían de los municipios de Samaná, Marquetalia Manzanares y Marulanda. En el encuentro se aprobó un acta que fue enviada a 26 autoridades de la región y el país, de las cuales solo se obtuvo respuesta de la secretaría de ambiente de la gobernación de Caldas

En aquella reunión convocada por líderes y lideresas de la región se aprobó solicitar terceros intervinientes ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Allí, firmaron 86 personas para participar activamente en el proceso del proyecto hidroeléctrico Miel II.

En el mes de octubre la ANLA negó las 86 solicitudes de terceros intervinientes, posteriormente en el mes de noviembre se interpusieron 86 acciones de tutela las cuales fueron remitidas a distintos juzgados del oriente de Caldas y a varios de Bogotá.

En el periodo de tiempo necesario que los juzgados necesitaron para dar respuesta a dichas tutelas, muchos de los accionantes recibieron intimidaciones y llamadas, dónde les preguntaban sobre la validez de la acción de tutela y por qué se oponen al proyecto hidroeléctrico Miel II.

Finalmente, en el mes de noviembre se dieron a conocer los fallos de las acciones de tutela y todas fueron negadas, por lo cual los accionantes solicitaron fallo en segunda instancia en la Corte Constitucional. A su vez, le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, que investiguen los hechos irregulares de estigmatización y persecución contra los líderes y lideresas que reclaman su derecho fundamental a un ambiente sano.

A continuación, compartimos la denuncia pública

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