Por: Martha Devia Grisales
La falta de eficacia de los marcos regulatorios existentes para garantizar los derechos humanos y proteger el medio ambiente es un tema de creciente preocupación en la sociedad actual. A medida que se desarrollan proyectos extractivos y de transición energética en diferentes regiones del mundo, los impactos ambientales y los conflictos sociales se multiplican, afectando especialmente a las comunidades locales en los países del sur global.
La sociedad civil ha alzado su voz de manera contundente exigiendo responsabilidad corporativa y la protección de los derechos humanos. La situación en muchas regiones se ha vuelto alarmante, ya que las empresas transnacionales han saqueado sin reparo extensas áreas durante décadas, sin que existan leyes o regulaciones efectivas que les exijan rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos en aspectos económicos, sociales, culturales, ancestrales y ambientales.
Ante este panorama preocupante, surge la pregunta inevitable: ¿Son realmente eficaces los marcos regulatorios existentes para garantizar los derechos de todos, incluyendo los de la naturaleza?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla. A lo largo de las últimas décadas, se ha generado una amplia arquitectura de convenios, tratados, pactos, declaraciones, acuerdos y convenciones que buscan abordar los desafíos sociales y empresariales relacionados con el medio ambiente. Estos instrumentos internacionales tienen como objetivo proteger la naturaleza, frenar la crisis ambiental y evitar violaciones a los derechos humanos. Además, buscan involucrar a los países y gobiernos en la toma de decisiones para evitar injusticias.
Sin embargo, la realidad muestra que muchos de estos marcos regulatorios adolecen de problemas fundamentales. En primer lugar, la falta de voluntad política por parte de algunos Estados limita su implementación efectiva. Además, el poder e influencia del lobby corporativo en los espacios de discusión global ha debilitado la capacidad de estos marcos para lograr cambios significativos. Esto ha generado la incredulidad en los marcos regulatorios para la protección de los derechos humanos por la inoperancia, exigencia real, contundente y, de obligatoriedad para que las empresas respondan por los daños y las perdidas ambientales, reduzcan su extractivismo voraz y la contaminación exorbitante, y se comprometan con el respeto por la vida.
Un ejemplo claro de ineficacia es el Protocolo de Kyoto, que, si bien estableció metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no logró un compromiso real por parte de todos los países y permitió que algunas empresas continuaran con prácticas perjudiciales para el medio ambiente.
La Declaración de Río de Janeiro también refleja estos desafíos. Aunque estableció principios importantes para el desarrollo sostenible, la falta de mecanismos vinculantes y el incumplimiento por parte de algunos actores han limitado su impacto real. Estos ejemplos, son insipientes, frente a la vasta y compleja literatura existente en este campo de los marcos regulatorios, que nos sumerge en un laberinto de ideas y leyes que parecen mantenernos a cada generación, atrapados en un ciclo infructuoso. La defensa efectiva de la naturaleza y la mitigación real de los impactos ambientales siguen siendo un desafío pendiente.
En este contexto, es fundamental buscar soluciones efectivas para garantizar los derechos humanos y proteger el ambiente. Esto implica responsabilizar a las cortes de derechos humanos para que puedan sancionar las violaciones cometidas por las empresas y los Estados. Asimismo, es necesario hacer que los tratados sean obligatorios y vinculantes, evitando que se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin consecuencias reales.
La protección del ambiente y la promoción de los derechos humanos no deben ser consideradas como objetivos opuestos o excluyentes. Ambos son fundamentales y deben ser abordados de manera integral y equilibrada. Es crucial reconocer que los seres humanos formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella para nuestra supervivencia y bienestar. Por lo tanto, su protección no solo es importante para la preservación de los ecosistemas y las especies, sino también para garantizar un entorno saludable y sostenible para todas las personas.
En este sentido, la exigencia de la sociedad civil es hacia la búsqueda de mecanismos más efectivos que permitan responsabilizar a las empresas y los Estados por sus acciones y promover un equilibrio entre la justicia social y ambiental. Solo así podremos avanzar hacia un futuro sostenible donde se respeten plenamente los derechos humanos y se proteja el ambiente.
