Por: Yaneth Vargas, psicóloga-especialista en pedagogía
Este 22 de agosto La Cancillería de Colombia compartió vía Twitter la firma de la nota mediante la cual toma la decisión de retirarse de la “Declaración del Consenso de Ginebra”, al igual que ratifica el compromiso continuo en la promoción de la salud de la mujer y la satisfacción de las necesidades de salud de la mujer. Pero, en ¿qué consistía este consenso?
El 13 de mayo del presente año, en Brasil 36 países se reunieron para firmar un consenso que “defiende la salud integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el aborto”. La adhesión en ese momento planteo que el aborto en Colombia sería considerado como delito si este era aplicado después de las 24 semanas de embarazo, salvo que, las tres causales que definió el tribunal en el 2006 estuvieran presentes: 1. Cuando al dar continuidad, el embarazo sea un peligro para la vida o la salud de la mujer (certificado medicamente), 2. Cuando exista malformaciones graves en el feto que haga inviable su vida (certificado medicamente) y 3. Cuando el embarazo es el resultado de un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.
Siendo una declaración simbólica y sin peso jurídico, dicho documento planteaba la idea de que Colombia estaba de acuerdo con la no existencia de un derecho internacional al aborto, por consiguiente, no recaía ninguna obligación en los Estados financiar o facilitar los abortos en la nación, haciendo de Colombia un país antiaborto.
Al retirarse de la declaración, Colombia plantea que sigue comprometida con la promoción de la salud de la mujer y que “el Gobierno de Colombia respeta y tiene en cuenta que en diferentes sistemas culturales, sociales y políticos existen diversas formas de familia”, “reconoce, respeta y protege derechos de mujeres y niñas de acuerdo con la Constitución”. Al retirarse del consenso, Colombia reconoce que la violencia contra la mujer afecta la salud y “debe reconocerse y para el que deben adoptarse medidas contundentes y hacerse llamados desde la comunidad internacional” por lo que vuelve a dar obligaciones a los Estados para garantizar, facilitar y financiar un sistema de salud acorde al derecho al aborto legal y seguro, visto como “parte integral e indivisible de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer”.