La Contraloría General de la República abrió una investigación fiscal por un presunto daño patrimonial, por más de 615 millones de dólares (cerca de 2,4 billones de pesos), que se habría dado como resultado de la compraventa de acciones de la sociedad Offshore International Group (OIG), empresa ubicada en Perú. Los directivos de la compañía tendrán que dar cuenta por sus acciones o decisiones en este proceso.
“La indagación preliminar estableció varios indicios de que se trató de un negocio mal planificado y ejecutado por Ecopetrol, que había sido advertida por consultores externos de los riesgos inminentes de entrar en ese negocio”, señaló la contraloría en un comunicado.
El organismo de control investiga la compra realizada por Ecopetrol en 2008 del 50 % de la sociedad Offshore International Group (OIG), y la venta de las mismas acciones por US$30,75 millones en enero de 2021, lo que representó menos del 5 % de lo que la petrolera pagó inicialmente (US$642 millones), adicional a esto, esta sociedad comprada nunca le generó utilidades a Ecopetrol.
Por lo que, la Contraloría decidió abrir un proceso fiscal «para que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de 615 millones de dólares».
Cabe recordar que, en 2008, con la meta de llegar a producir un millón de barriles de petróleo para 2015, Ecopetrol comenzó una estrategia de compra de empresas y campos nacionales e internacionales que ayudaran a ampliar sus recursos exploratorios y reservas.