Las declaraciones se basan en comunicaciones escritas por la Relatora Especial acerca de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los comunicados fueron entregados al Gobierno de Colombia y al Gobierno de Sudáfrica, así como a la empresa AngloGold Ashanti South Africa y su sucursal AngloGold Ashanti Colombia el día 16 de noviembre de 2021. Se dieron a conocer al público a finales del año pasado. Los comunicados permanecieron confidenciales durante 60 días, tiempo durante el cual se esperaba que los Gobiernos y las empresas dieran respuesta. El Gobierno de Colombia se manifestó el 13 de enero de 2022 y ambas empresas el 12 de enero del año en cuestión.
Robinson Mejía es defensor de derechos humanos, miembro del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime y del Colectivo Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA). Trabaja con comunidades campesinas en la defensa de sus derechos a la tierra, especialmente en el contexto del desarrollo de proyectos extractivos. En el año 2017 hizo parte del Comité Promotor que luchó por obtener una consulta popular vinculante en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, sobre el proyecto minero La Colosa, de la empresa AngloGold Ashanti. Sobre el tema, la comunidad expresó mediante mandato popular estar en contra de la realización de las actividades mineras en el municipio. Ese mismo año, la Unidad Nacional de Protección otorgó medidas de protección a Robinson.
Algunos hechos han puesto en alerta a organismos garantes de la protección del defensor de derechos humanos y líder ambiental Cajamarcuno, por ejemplo:
En febrero de 2021, Robinson recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una canción fúnebre sonó, lo cual habría sido interpretado por el defensor como una amenaza de muerte.
El 20 de julio de 2021, un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, Bloque Centro-Sur, estuvo circulando en el departamento del Tolima en el que se habría declarado “objetivo militar” a “todos los líderes de organizaciones sociales” y a “los de la red-comisiones de derechos humanos” del departamento del Tolima. Siendo Robinson víctima de “perfilamientos” que ponían en riesgo su integridad física.
El 9 de septiembre del año 2021, circuló otro panfleto en el departamento del Tolima, firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, Bloque Capital D.C. El panfleto manifestaba amenazas de muerte y declaraba como “objetivos militares inmediatos” a “todos los colaboradores de la guerrilla llamados líderes sociales y sindicales y a toda la mesa de defensores de derechos humanos”, y habría mencionado directamente el nombre de varios líderes y lideresas del Tolima que se opusieron al proyecto minero regional La Colosa.
El 17 de septiembre de 2021, se compartió en redes sociales una invitación dirigida a la comunidad educativa de dos hogares infantiles en la zona de Cajamarca, aparentemente por parte de la empresa AngloGold Ashanti Colombia para entregar material tecnológico a los niños y niñas de Cajamarca. La invitación, la cual se alega incluía el membrete de la empresa y habría sido firmada por ella, fue interpretada por el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime como una señal del regreso de AngloGold Ashanti Colombia a Cajamarca, razón por la cual el Comité organizó una protesta pacífica para expresar su oposición a esta posibilidad.
La relatora especial de la ONU manifiesta: “En las comunicaciones, expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos en el departamento de Tolima y en particular del Sr. Mejia Alonso, quien nos preocupa que se encontrara en una situación de riesgo aumentada debido a los comentarios presuntamente publicados por la empresa AngloGold Ashanti Colombia y sus presuntos empleados. Las comunicaciones originales así como las respuestas recibidas están disponibles a través de los enlaces siguientes. Sigo preocupada por la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos en el departamento de Tolima. Las autoridades deben reevaluar la eficacia de las medidas brindadas para protegerlas y asegurar de que abordan y mitigan los riesgos a los que se enfrentan”.