Por: Angela Rojas
La RESOLUCIÓN 1706 de 2019 en su artículo 5 ordena que en el formulario E11 haya un espacio donde se ponga la firma y se registre la huella en las elecciones por parte de los sufragantes o votantes.
El Consejo Nacional Electoral a excepción de 2 votos en contra, dio vía libre autorizando al Registrador Nacional quien no quiere cumplir y aplicar la Resolución 1706 de 2019, que determina que todo ciudadano que participe en las elecciones tenga que firmar y registrar su huella dactilar en el formulario anteriormente mencionado (E 11) buscando que los electores no firmen ni pongan la huella.
Ante ese atentado institucional contra la democracia ya interpusieron una Acción de Tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE); dicha Tutela se está tramitando en el Juzgado 18 de Bogotá.
Ante este intento tan grave de cooptación, por omisión al elector, por parte del Registrador Nacional quien ya viene presentando una serie de fallas como las de nombramientos a dedo de más de 400 nuevos funcionarios con sueldos exorbitantes además, el haber realizado el pedido de la renuncia de los Registradores Regionales, y ahora el no cumplir con dicha resolución que exige la firma y la huella de todo aquel que acuda a votar a las urnas en las elecciones en Colombia, la MOE se pronunció sobre estos hechos y ha dicho que estamos en un alto riesgo electoral que socava el derecho al libre ejercicio real de decidir a quién elegir en nuestro país.
Las razones absurdas que aduce el Registrador es que posiblemente se pueda aumentar el número de contagios en Colombia, pasando por alto que, en países centroamericanos como Costa Rica, República Dominicana y suramericanos como Argentina, Chile y Perú, se han realizado elecciones cumpliendo con el requisito que es garante para la democracia de que los votantes firmen y pongan la huella.
Esto sin contar con el hecho de que CTU Security está registrada formalmente como Unidad contra el Terrorismo Federal Academy LLC creada el 21 de marzo del 2008, es la misma empresa involucrada en contratar mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití es la misma contratada por la Registraduría han controlado el software para cuidar el voto en las elecciones y quién la gerencia es un venezolano Antonio Emmanuel Intriago Valera carente de valores y principios éticos.
Cabe preguntarse sobre la empresa española que fue escogida para manejar el software del registro biométrico de las próximas elecciones.
Y no sin antes denunciar y traer a colación la magistral y perversa jugadita del Grupo Char a través de uno de los hermanos de Alejandro Char el exalcalde de Barranquilla, tan cuestionado por el robo, a través de las cuotas obligatorias exigidas a los contratistas para la construcción del Megatanque de Barranquilla, el saqueo de la empresa de acueducto y alcantarillado municipal que fue privatizada de Barranquilla, la TRIPLE A y la compra de votos. El escándalo del caso de Aida Merlano, una de sus examantes del hoy candidato a la presidencia.
A quien además de todo lo que pasó, supuestamente intentó asesinarla después de que compraron tiquetes a Barbados a su nombre, organizándole su huida de la cárcel al volarse de un consultorio odontológico, para luego ser llevada con engaños al César con la intención de asesinarla. Plan macabro que le salió al revés porque uno de sus acompañantes se enamoró de ella y la salvo pasándola a Venezuela donde está recluida.
Desde allí la Revista Semana realizó una entrevista a Aida Merlano. Lo extraño es que Vicki Dávila la periodista, para nada publicó estas últimas declaraciones sobre la podredumbre y las malas prácticas del Clan Char.
La jugadita la artificio Arturo Char en el 2015 al lograr la aprobación de la Ley 1753 por 13 Congresistas costeños en una sección del Congreso realizada en Barranquilla.
Más tarde gracias al Contrato de la prestación de Servicios a través de la Resolución 028 del 2016 se dio el convenio entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría del Estado Civil y Serfinansa la empresa financiera que años después en el 2019 logró ser Banco.
Firmado en ese entonces por el director Administrativo obrando en la virtud consagrada en la Resolución No. 230 del 20 dic del 2007 y el presidente de ese entonces de Serfinanza.
Y a ello se suma que en agosto y septiembre del 2021, acomodaron el sistema de elección y las condiciones para escoger a la empresa Unión Temporal Disproel 2021. Es decir, la misma que durante 18 años ha estado encargada del cuidado de votos y la logística en general de las elecciones.
Por ello se hace un llamado urgente para exigir que adelantemos Auditorias sobre el software adquirido y el que va a ser utilizado por la empresa asignada a dedo para las competencias logísticas, de seguridad, traslado, conteo y reconteo de votos, de Indra Colombia SAS, y Unión Temporal Distribución Procesos electorales 2021, cuyo monto entre otras cosas es de $.1.24 billones de pesos .
Referencia: https://transhumanciasantiextractivistas.blogspot.com/2022/02/orquestando-el-fraude-electoral.html