Por: Martha Devia
La fehaciente movilización y organización popular de Piedras y Cajamarca en el Tolima, son para el mundo, referentes ineludibles de consulta y averiguación para conocer el antes, el después, la forma y los mecanismos populares que se implementaron para detener el proyecto minero la Colosa de la multinacional AngloGold Ashanti.
El Comité Ambiental en defensa de la vida de Ibagué participa en el intercambio de experiencias con comunidades de Kintinian en Guinea afectadas por AngloGold Ashanti, el objetivo es permitir a los líderes comunitarios de Guinea y Colombia aprender de las acciones de la multinacional AGA quien de manera desvergonzada se atribuye respetar las decisiones de hombres y mujeres de Cajamarca, esta multinacional que no cesa su deseo de riqueza a costa de los bienes naturales, intenta atraer a las comunidades de África, con narrativas de respeto en Colombia, del derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
La empresa se encuentra ahora en proceso de mediación con las comunidades Kintiniana de Guinea a quienes desalojó por la fuerza de una zona conocida como “área Uno” y con quienes miembros del Comité Ambiental de Ibagué tuvimos la oportunidad de dialogar vía Zoom. La empresa que pretende ampliar sus operaciones a la Zona 2, cuyos límites exactos aún se desconocen, afirma defender el CLPI de las comunidades locales de Guinea.
Los líderes comunitarios y los defensores de los Derechos Humanos en Guinea, solicitaron apoyo de Colombia para conocer como ha funcionado el proceso de la consulta previa libre e informada, sin embargo, miembros del Comité ambiental aclaran que la empresa nunca ha respetado el derecho a decidir sobre el proyecto.
AngloGold Ashanti en Cajamarca, Colombia
En 1999 AGA llegó a la comunidad para la etapa de exploración y se escondía detrás de una empresa fachada llamada Sociedad Kedahda S.A; varios años después, la comunidad se enteró de que se trataba de una mina a cielo abierto a gran escala y la más grande de Colombia; según algunos campesinos locales, AGA había visitado sus fincas para dirigir actividades de exploración. Para 2016 AGA tenía 44.000 hectáreas con títulos mineros, 21 títulos que abarcan 30.000 hectáreas en Cajamarca. Por otro lado, cuando la empresa acudió a la comunidad, no reveló las repercusiones medioambientales y sociales del proyecto, sino que habló de los beneficios; empleo, infraestructura, entre otros. Hoy en día, la empresa ejerce presión ante el Tribunal Administrativo del Tolima para hacer valer sus títulos mineros en Cajamarca. El 18 de marzo de 2021, este tribunal emana un documento que falla a favor de AngloGold Ashanti Colombia S.A; declarando la Nulidad por inconstitucional del acuerdo municipal de Piedras No. 11 de 2013; esta determinación, deja sin efectos jurídicos la consulta popular que evitaba la intromisión de empresas como AngloGold Ashanti a nuestros territorios.
AngloGold Ashanti en Kintinian- Guinea.
AngloGold Ashanti de Guinée (SAG) es el mayor productor de oro de Guinea y posee una concesión minera de 1.500 hectáreas desde 1998 en Kintinian. A principios de 2016, la expansión de las operaciones de SAG requirió el REASENTAMIENTO de aproximadamente 380 familias en Kintinian. El proceso de reasentamiento se vio empañado por irregularidades, debido en particular a la participación de las fuerzas de defensa y seguridad en el proceso de identificación de personas y bienes. Con el apoyo de CECIDE, MDT, Advocates for Community Alternatives and Communities First, una misión de investigación, reveló casos de desplazamiento forzado, abusos y violación a los derechos humanos (2017).
Actualmente, gracias a la ONG Inclusive Development International (IDI), un grupo de personas afectadas por el reasentamiento presentó una reclamación ante inversores de AGA y gracias a ellos existe un proceso de mediación del “área Uno” es que la empresa respete el derecho a CLPI de las comunidades afectadas por cualquier futuro reasentamiento en su concesión.
La situación para las comunidades Kintinin, no es clara, sobre todo cuando en su organización legal, no existen mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, el referéndum u otros. Consideramos necesario el vínculo entre países, organizaciones y comunidades del mundo, que nos permitan oponernos a maquinarias de extracción y de violación a los derechos humanos.
Agradecimientos a Hélida Bárcenas y Julián Viña, miembros del Comité ambiental en defensa de la vida, los miembros de la comunidad Kintinin – Guinea y Advocates for community alternatives.