Universidad del Tolima, una modesta reseña histórica en relación a su contexto

Por Jairo Andrés García Peña

---

Más allá de saber datos y acontecimientos sobre el origen de la Universidad del Tolima; como, por ejemplo, que su origen se remonta al proyecto de Ordenanza No. 05 del 21 de mayo de 1945, o que nacería de manera formal diez años después con la firma del Decreto No. 357 del 10 de marzo de 1955, al amparo de la Ordenanza No. 26 del 16 de diciembre de 1954, por medio de la cual se le asignaba recursos del presupuesto departamental; o que respecto al campus universitario se puede decir que en 1955, la Universidad del Tolima comenzó funciones en la Escuela Agronómica San Jorge de Ibagué, gracias a que la comunidad salesiana facilitó las instalaciones. Y que «luego se trasladó a la carrera 3ª entre calles 9 y 10 de Ibagué. Posteriormente se ubicó en el campus actual que eran los terrenos de la hacienda Santa Helena de propiedad del señor Félix Restrepo Isaza -Geólogo- quien los donó, resulta también interesante analizar el contexto en el que nace y se desarrolla nuestra alma máter.

Así pues, cabe recordar que, a mediados de la década de los cuarenta, el mundo asistía a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a la división del mismo, lo que significaba el surgimiento de tres mundos políticamente opuestos o distintos; el llamado primer mundo, encabezado por la potencia norteamericana y las potencias europeas capitalistas; el segundo mundo, encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y demás naciones de corte socialista y, el tercer mundo, inaugurado en el discurso de Harry Truman pronunciado el 20 de enero de 1949, en el que en sus palabras inaugurales, por primera vez, se declaró subdesarrollado al hemisferio sur y así, se elevó el nuevo concepto a un nivel político y geoestratégico. Sus palabras rezaron “Hemos de consagrarnos a un nuevo y decidido programa para lograr que los beneficios de nuestro adelanto científico y de nuestro progreso industrial sirvan también de avance y crecimiento del mundo subdesarrollado”. Así, la noción de desarrollo tomó por lo menos dos formas particulares íntimamente relacionadas entre sí: la primera, como herramienta de contención comunista – antídoto a la revolución-; y la segunda, como instrumento al servicio del diseño hegemónico de los Estados Unidos (Masullo, 2010).

En este sentido, la tesis propuesta por los Estados Unidos a Latinoamérica, consistía en que en las universidades recaía el desarrollo técnico e industrial de los países, por lo cual era menester reformar la educación superior; la promoción de la educación técnica y tecnológica sería ahora la bandera del Sistema Universitario. Las anteriores recomendaciones extranjeras (misiones alemanas) se materializaron en Colombia con la creación de la “Universidad Industrial de Santander en 1947 (UIS), la Universidad de los Andes 1949, la Universidad del Valle 1945, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 1953 (UPTC), la Universidad del Atlántico 1946, la Universidad de Caldas 1943, la Universidad Tecnológica de Pereira 1958, la Universidad del Quindío 1960, la UNIVERSIDAD EL TOLIMA EN 1945, 1957 SENA y las demás universidades regionales, creadas a mediados del siglo XX o algunos decenios después” (Tarazona, pg. 104). La creación de estas instituciones tenía como objetivo la industrialización y el desarrollo de las regiones a las que pertenecían.

Este periodo coincide con la época de La Violencia en Colombia; violencia que fue utilizada por la clase hegemónica según autores como Renán Vega (2016) y Jairo Estrada (2016) como una estrategia de dominación en el contexto de las necesidades del desarrollo capitalista que el país experimentaba en la década de los cuarenta. Por ello, se suspende el estatuto orgánico de la universidad, lo que acarrearía la violación completa a la autonomía universitaria, ya que, se redujo los representantes de profesores y estudiantes en los consejos directivos y se estipulaba que los gobernadores nombraran rectores y que los rectores nombraran administrativos. Según Bocanegra (2011), en este período se legisló con base en el artículo 120 de la Constitución, mediante los decretos 3708 de 1950, 364 , 0518 y 2051 de 1951, se hizo con la universidad lo que se había hecho con las Cortes, con el Congreso y con todas las instituciones democráticas del país: quitarle su dinámica, recortarle sus principales funciones, ponerla bajo tutela del ejecutivo.

Llegará la década de los sesenta y, con ella, la Doctrina de la Seguridad Nacional así como la Alianza para el Progreso y una serie de políticas a nivel internacional -importada desde los Estados Unidos- que marcarían el desarrollo de las sociedad colombiana y en especial, de las universidades latinoamericanas. En materia educativa en Colombia, planteaba subsanar las limitaciones académicas, administrativas y económicas del sistema universitario regional, para que posteriormente se promoviera la infraestructura industrial en las regiones. Sería Atcon el emisario de la Alianza para el Progreso, “con el objeto de contrarrestar la influencia de la citada revolución cubana en los ámbitos universitarios” -afirma Bocanegra-.

Así pues, las principales apuestas del Informe Atcon «La universidad latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina», elaborado por Rudolph Atcon, sociólogo y asesor estadounidense, tenía como apuestas principales lo siguiente:

a) Supeditar la modernización del país a la modernización del Sistema de Educación Superior.

b) Reformas administrativas a las universidades (Consejos universitarios, centralizar el poder administrativo y quitárselo a las Facultades, Escuelas y Departamentos).

c) La autonomía universitaria en materia financiera (promulgaba la total autofinanciación), siguiendo el modelo de independencia universitaria estadounidense.

d) La planeación de las ciudadelas universitarias.

Del informe y de las recomendaciones de Atcon, se desprende el Informe Rockefeller, la misión California, la Reforma Patiño, la intervención de los Cuerpos de Paz y el más importante, el Plan Básico, ya que este sería el proyecto de Reforma universitaria en Colombia. De allí que el Movimiento Estudiantil de 1971, además de las connotaciones de carácter social y político, tenía como reivindicación principal, el rechazo a la intervención extranjera en asuntos educativos y sociales, y por ello construyó su programa mínimo que consistía principalmente en:

– Abolición de los consejos superiores universitarios, creando organismos de gobierno provisional.

– Conformación de una comisión para estudiar un proyecto de ley orgánica de las universidades del país con mayoría de estudiantes y

profesores.

– Establecimiento de un sistema democrático para elección de autoridades en establecimientos públicos y privados.

– Cumplimiento de la asignación mínima del 15% del presupuesto de educación para la Universidad Nacional y cubrir el déficit cuantioso que

tenían el resto de universidades del país.

– Eliminación del ICFES (este organismo había sido creado con la reforma administrativa de 1968, remplazó a la ASCUN en el control de

universidades.)

– Investigación científica financiada enteramente por la nación y planificada por investigadores nacionales.

– Revisión de todos los contratos y convenios celebrados con entidades extranjeras por parte de todas las universidades, facultades y publicación

de los mismos.

– Derecho de organización de los estudiantes en todos los establecimientos de educación media y superior, tanto privados como públicos.

Lo que expresaba la lucha del movimiento del 71 era una demanda del estudiantado y en cierta medida del profesorado por autonomía, financiación estatal y democracia universitaria.

En la década de los 80, con los decretos 80, 81, 82, 83 y 84 de 1980, se reformaría de nuevo la educación superior. Estos decretos restringieron aún más la autonomía y la democracia universitaria, así como no garantizaría eficazmente la financiación de las universidades por parte del Estado. Basta con ver la reforma a los órganos de gobierno universitario, las facultades otorgadas al ICFES, el establecimiento de las pruebas de admisión y de Estado y los niveles de educación; obviamente, todo basado en las «recomendaciones» de asesores norteamericanos. Todo ello trajo consigo que las universidades funcionaran con base en recomendaciones extranjeras para fines extranjeros. Por esto se puede entender que la Universidad del Tolima haya surgido y se haya desarrollado basada en la producción agroindustrial y que, por ende, sus programas más fuertes y originarios estén relacionados con la industria de la producción agropecuaria que tuvo su pico más alto en los 70 y 80 en la terraza de Ibagué alrededor de la producción de arroz, algodón y ganado.

Hay que decir que todas estas políticas desde los cincuenta, han perdurado con variaciones distintas, en las universidades colombianas hasta aun después de expedirse la Ley 30 de 1992, que regula y normativiza la educación superior en Colombia bajo los mismos principios, pero introduciendo el neoliberalismo como una forma de «adaptarse» al nuevo momento. Todas las reformas que han seguido, no son más que la continuación de las políticas desarrollistas, neoliberales y neocoloniales como lo son el decreto 2063 de 2009, la pretendida reforma a la ley 30 de 2011, el decreto 2034 de 2014 por lo superior, etc.

A partir de los 90, con la Ley 30 expedida, empezó la Universidad a abrir su campus a otros programas de pregrado y posgrado. Aumentó su cantidad de estudiantes exponencialmente y con ello su déficit financiero, ya que desde 1993 percibía los mismos recursos de base presupuestal hasta el acuerdo logrado en 2018 con la presión del estudiantado. Por esto, al igual que otras universidades regionales, la universidad fue entrando paulatinamente en crisis financiera ante la desfinanciación estatal y departamental. Varios fueron los años que la gobernación del Tolima, no giró los recursos de regalías, por lo que además de la deuda histórica de la nación para con las universidades, también se fue formando una deuda histórica de parte de la Gobernación para con la Universidad del Tolima que, entre otras cosas, la administración del Rector Omar Mejía desistió del litigio jurídico que se llevaba y le condonó dicha deuda a la gobernación.

Por otro lado, vemos desde el 2011 un movimiento estudiantil tolimense que fluctúa entre el espontaneísmo y la madurez, pues a pesar de la arremetida conservadora, ha ganado conquistas y espacios para los estudiantes y la comunidad universitaria, y se ha logrado oponer con relativa eficacia a reformas lesivas que van en detrimento de la academia y ha logrado sumarse constructiva y críticamente a las dinámicas nacionales, logrando así recursos importantes del orbe nacional. Sigue faltando mayor unidad entre los estudiantes y los estamentos universitarios, mayor formación política y mayor organización, pero en estos ires y venires, nuevos protagonistas de la historia emergen.

Esta es una muy breve reseña histórica sobre la Universidad del Tolima, claustro universitario más importante en el departamento, que hoy asiste a uno de sus periodos de mayor tensión, por cuenta de la cooptación de la élite política del Tolima.

Hoy vemos como existe una feria burocrática en los puestos directivos del alma máter, vemos como sus dependencias no se preocupan por llevar a cabo los fines misionales sino que se ponen a disposición de la politiquería y el clientelismo, vemos además como las directivas universitarias toman medidas improvisadas, por no contar con  una planificación, con estudios académicos o bases sólidas para enfrentar la pandemia del 2020 (covid-19); arbitrarias, por no tener en cuenta a su comunidad académica y la democracia universitaria; excluyente, porque muchos estudiantes y profesores que no contaban con las condiciones materiales para desarrollar un semestre académico de manera virtual y a la administración poco le importó; intransigente, porque hasta terminado el mes quinto del año, se negó a construir con los estamentos universitarios, soluciones claras y democráticas al actual momento.

Por si fuera poco, a 75 años del origen de nuestra universidad, la administración, en cabeza de Omar Mejía, piensa cederle a la Gobernación del Tolima la autonomía, al dejarle la potestad para ejecutar proyectos por miles de millones de pesos, renunciando así a la autonomía y a la democracia universitaria, despojando a la comunidad académica de sus derechos para aportar sobre los rumbos que debe tomar la institución educativa.

Se dice que la historia se escribe sobre el pasado, pero se hace en el presente, ¿qué historia estamos haciendo y qué escribiremos en unos años?

Bibliografía:

–       Henry Bocanegra. Las reformas legales a la universidad en Colombia: los síntomas de una crisis permanente y la continuidad de una política. 2011.

–       Profesores Universidad Nacional. Operación Cacique, tácticas de intrusión norteamericana en la universidad colombiana. 1972.

–       Humberto Quiceno Castrillón. Crónicas históricas de la Educación en Colombia. 2003.

–       Infraestructura. Disponible en la web: http://museodelaeducacion.ut.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=122 Todas las fotos fueron extraídas del sitio web.